La audiencia de conciliación entre el municipio y los vecinos que se oponen al funcionamiento del autódromo fracasó ayer en la Justicia. Pese a que la Intendencia propuso reducir la cantidad de carreras por año, los representantes legales de los habitantes de la zona noroeste de Rosario insistieron en someter la actividad automovilística al tope de decibeles permitido por una ordenanza de la década del 70. A falta de acuerdo, la decisión quedó en manos de la Sala II de la Cámara de Apelaciones.

"Fuimos con toda la intención de acordar, pero del otro lado no hubo vocación de diálogo", se quejó Miguel Pedrana, presidente del complejo.

El subsecretario de Gobierno destacó que el municipio (administra el autódromo) propuso en la audiencia bajar de ocho a seis la cantidad de carreras anuales.

"Pero los abogados de los vecinos insisten en medir los ruidos con los topes de una ordenanza de hace 40 años, que es de imposible cumplimiento", agregó.

Ahora los camaristas deberán definir en breve si ratifican el marco regulatorio del complejo y autorizan el calendario de competencias, o bien suspenden la actividad hasta que se cumplimenten varias obras de mitigación de ruido.