Foro de intendentes del PJ solicitó la impugnación de tres decretos provinciales

Intendentes y jefes comunales justicialistas radicaron ayer en las sedes de Gobierno de Rosario y Santa Fe un pedido de impugnación y suspensión inmediata de la vigencia de tres decretos provinciales que norman el manejo de fondos coparticipables para la educación, por considerarlos inconstitucionales y violatorios de la autonomía de los gobiernos locales.

La solicitud, que fue presentada en forma individual por cada uno de los mandatarios que conforman el Foro de Intendentes Justicialistas de Santa Fe, apunta en principio al decreto Nº 0161/14 publicado el 3 de febrero pasado y se extiende a los Nº 2954 y Nº 3287. Estas tres cuestionadas normas fijan pautas para la inversión y rendición de cuentas de una parte de los fondos coparticipables para la asistencia educativa en cada localidad, lo cual —según entienden los mandatarios— "es una clara afectación a las autonomías municipales garantizadas en la Constitución provincial".

En ese sentido, el documento radicado ayer recuerda que en los artículos 109 y 113 de la Carta Magna santafesina se establece que "es el Estado provincial quien tiene a su cargo el sostenimiento del sistema educativo en su jurisdicción, de donde resulta que los recursos a tales fines, en modo alguno pueden ser obtenidos de los fondos que por vía de la Ley de Coparticipación provincial le corresponden a los municipios y comunas". Por otra parte, "la misma Constitución provincial le garantiza a éstos la administración directa de sus intereses, entre ellos, la determinación del destino de sus recursos como derivación lógica de la elaboración de su presupuesto".

El decreto 0161/14 crea una Comisión Especial de Distribución de Fondo de Financiamiento Educativo a la que los gobiernos locales deberán proponer proyecto para su financiamiento y la respectiva inversión de los fondos, sólo se considerará "correctamente realizada" si se ajusta a las iniciativas aprobadas por dicho ente. Además, antes del 30 de abril de cada año, los municipos y comunas deben constituir una comisión administradora del Fondo de Asistencia Educativa (FAE) y acreditar también los aportes a éste.

Al respecto, el foro de intendentes remarcó que "aún sin ser una carga que debieran asumir, los municipios destinan recursos propios de sus magros presupuestos para el sostenimiento del FAE conforme lo establecen el Art. 13 de la Ley 2756, circunstancia que se vería ahora agravada por la creación, vía decreto, de esta nueva asignación específica de los recursos coparticipables", fijada en las tres normas con pedido de impugnación.

Sanciones. Otro punto que los mandatarios objetan es que, según la norma 0161/14, la Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno podrá suspender las transferencias de fondos coparticipables, si se cumplen los requisitos del polémico decreto. "En definitiva resulta que los fondos de libre disponibilidad han sido modificados y convertidos en afectación específica, sin ley que lo autorice e invadiendo las competencias específicas de cada municipio para disponer el destino de los dineros coparticipables", señala el pedido.

Finalmente, el texto radicado en la Gobernación pide que "se tenga por impugnado en legal tiempo y forma" los tres decretos cuestionados, "se suspenda su aplicabilidad hasta la efectiva y firme decisión en relación a la presente impugnación" y "se los deje sin efecto, ratificando la libre disponibilidad de los recursos coparticipables entre la provincia de Santa Fe y los municipios que la integran", invocando la "ilegitimidad del decisorio cuya suspensión de efectos se peticiona" y advirtiendo "la gravedad e irreparabilidad posterior del perjuicio que la ejecución del acto ocasiona al interesado".

El cuerpo del documento presentado ayer por los intendentes y jefes comunales justicialistas fue confeccionado y aprobado en el marco de una reunión del foro celebrada el viernes último en Cañada de Gómez. En el encuentro, encabezado por la mandataria anfitriona, estuvieron presentes, entre otras, autoridades de Rafaela, Ceres, San Genaro, Gálvez, Esperanza, Malabrigo, Roldán, Sastre, Sunchales, El Trébol, Frontera, Venado Tuerto, Rufino, Puerto General San Martín, Pérez, Granadero Baigorria, Casilda, junto a presidentes comunales y la diputada provincial Erika Gonnet.

Obras Menores. El pedido de nulidad de las normas no fue el único tema abordado en esa reunión. También se decidió reclamar una vez más el pago del dinero adeudado a municipios y comunas en concepto de Obras Menores y en este sentido, se abordó el proyecto que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura para que Rosario y Santa Fe sean beneficiadas por este fondo. Al respecto, Gonnet aclaró que ambas ciudades "reciben una distribucion especial de los recursos de coparticipación federal e ingresos brutos por ser ciudades de primera categoría (y esta sí es una clara situación de discriminación), que sólo en el año 2012 representó 446 millones adicionales. Igual tratamiento reciben en el Fondo Federal Solidario (sojero), adicionales que hacen que dichas ciudades y el estado provincial se lleven más del 90 por ciento de los recursos".

"Los intendentes de segunda y los presidentes comunales vienen reclamando el 50 por ciento del Fondo Sojero y el incremento de los porcentajes de coparticipación. Son nuestras localidades las que utilizan recursos para reparar vehículos policiales o aportan dinero para su combustible, pagan adicionales de custodia, pintan y sanean las comisarías, reparan ambulancias y escuelas, atendiendo de esta manera funciones esenciales del gobierno provincial", añadió la legisladora.

"El déficit de los presupuestos de Rosario y Santa Fe de ninguna manera debe ser tapado con recursos legítimos del resto de los distritos. Por esto, desde nuestro espacio sugerimos que en vez de ir por los recursos de los municipios de segunda y de las comunas, se revean sus políticas de gestión", remató Gonnet.