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Forenses denuncian que el Sies y la policía se niegan a trasladar a drogadictos

La falta de infraestructura y de personal en el ámbito de las emergencias médicas y de la seguridad conspira contra la posibilidad de atender a los enfermos psiquiátricos y drogadependientes. 

Sábado 26 de Julio de 2014

La falta de infraestructura y de personal en el ámbito de las emergencias médicas y de la seguridad conspira contra la posibilidad de atender a los enfermos psiquiátricos y drogadependientes. El panorama se evidencia desde larga data, según fuentes de los Tribunales provinciales y “es más grave de los que se cree”. Tanto es así que los jueces de Familia junto con médicos forenses presentaron en las últimas horas sus quejas formales por la “sistemática negativa” de los servicios médicos del Estado e incluso de la policía a atender a estos pacientes”.

“Es un problema muy complejo y suele desconocerse”, sostuvo el juez de Familia, Marcelo Molina. El magistrado participó de la reunión realizada ayer por la presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, María del carmen Alvarez.

En principio, el encuentro sirvió para ir perfilando algunos aspectos operativos. Participaron referentes del Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria (Sies) y del Centro Regional de Salud Mental Agudo Avila, pero también fue el puntapié inicial para una nueva reunión que pretende llevarse a cabo con responsables de los ministerios de Seguridad y de Salud en aproximadamente dos semanas.

   Según destacó Molina a La Capital, para quienes deben acceder a los pedidos judiciales de traslados, “muchas veces la temática no se visualiza como una emergencia porque hay otras prioridades”. En efecto, los especialistas y los uniformados se ven obligados a atender emergencias relacionadas con la seguridad o los accidentes de tránsito antes que enfermos mentales o adictos que necesitan ser llevados a centros asistenciales una vez que la Justicia libra las órdenes que ejecuta el médico psiquitra forense.

“Nosotros no ordenamos internaciones”, clarificó Molina conocedor de ciertos casos que pueden terminar en situaciones muy violentas. “Una persona bajo los efectos del uso abusivo de estupefacientes puede reaccionar de manera agresiva contra sí misma, pero también contra terceros”, remarcó el juez. E incluso no se descarta el hipotético caso de que un enfermo mental pueda quitarse la vida o hacerlo con un tercero. De este modo, son los familiares de estos pacientes quienes sufren en forma directa estas cuestiones que “en muchas oportunidades la sociedad no quiere ver”, confesó el magistrado.

Si bien en situaciones normales sólo la presencia de una ambulancia podría resolver un traslado, en determinados sectores alejados del centro la presencia policial es requerida a manera de acompañamiento para evitar posibles ataques y robos en las unidades de traslado.

El panorama se agrava durante los fines de semana cuando todavía es menor la presencia de personal y de móviles.

Así, los magistrados se sienten también impotentes y temen que ocurra alguna desgracia protagonizada por estos pacientes, o que sean víctimas de una conducta fuera de control mental.

A la hora de las quejas, son demasiados los defensores generales que suelen poner el grito en el cielo. Debido a su función, el reclamo pasa porque los “tienen dando vueltas” y la respuesta inmediata no llega.

Por eso, “es necesario ajustar las clavijas”, remató Molina.

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