En nuestra sociedad es frecuente que muchos de sus integrantes, entre ellos autoridades y dirigentes, violen las leyes o reglas ya sea abiertamente o en forma disimulada o hipócrita. Así ocurre en el tema del aborto. Está claramente penalizado por una ley vigente, el Código Penal, salvo excepciones legales, conforme con nuestra Constitución y tratados internacionales. Los partidarios del aborto al no poder obtener por ahora la derogación de esas normas procuran violarlas o desconocerlas con diversos artificios. El colmo es que en dichas maniobras se involucran autoridades que deben dar ejemplo de acatamiento a la ley y no traicionar el mandato de quienes eligieron a representantes que no auspiciaban abiertamente al aborto. Con estupor e indignación leímos la noticia de que el secretario de Salud Municipal y la responsable del Programa de Salud Reproductiva (qué significa eso) avalados por el ministro de Salud provincial están ocupados en implementar consultorios para asesorar a las mujeres que quieran abortar. Es grotesco que siendo el aborto la eliminación, el asesinato de un ser humano inocente e indefenso se hable de consultorios (o sea de médicos involucrados) siendo que la esencia de la profesión médica es intentar salvar vidas, curar o aliviar, pero no matar. Se enmascara el objetivo sosteniendo que se procura abortos seguros, ¿para quién? Para la embarazada, asegurando su impunidad ¿o para el feto, procurando tal vez una muerte indolora? Asesorar implica informar , opinar, aconsejar, incluyendo anoticiar sobre los recaudos para que el hecho no produzca consecuencia indeseables para sus partícipes ya sean complicaciones físicas o legales. En los hechos significa auspiciar al aborto violando la ley. La intención de esas autoridades es el colmo del cinismo y la caradurez. La justicia no puede permanecer indiferente ante esta aberración y debe investigar si se ha incurrido en figuras delictivas tales como apología del delito (aquí auspiciar el genocidio de fetos) u otros tipos penales.
Raúl Ghione