Para el Estado empieza una etapa más dura que la de La Haya: convencer a los asambleístas que abandonen el piquete y se conformen con un monitoreo exhaustivo de la pastera.

Para el Estado empieza una etapa más dura que la de La Haya: convencer a los asambleístas que abandonen el piquete y se conformen con un monitoreo exhaustivo de la pastera.
El kirchnerismo adoptó, desde sus comienzos, la política de no intervenir con la fuerza pública allí donde hay una comisión de delito. Será, entonces, tarea paciente e inteligente de la Rosada la liberación de un puente internacional cortado desde hace más de tres años sin que se lo acuse de intento de "criminalizar la protesta social".
La Asamblea tiene el derecho de pelear por sus convicciones ambientales. Pero ese puñado de vecinos, bravos y combativos, ideó en estos años una curiosa jurisprudencia: crearon su propio Estado dentro del Estado. Los pocos autos que pasan deben tener autorización de la Asamblea, presentar certificados y papeleríos ante ellos, actuando como una Aduana paralela. La única presencia del Estado en el piquete son tres gendarmes que, a veces, se aburren y en otras ocasiones juegan un truco de cuatro con los asambleístas. Los activistas abusan de tan escasa presencia: saben que si alguno de los suyos es tocado, toda Gualeguaychú acudirá en socorro.
Al núcleo duro de la Asamblea lo componen no más de 30 personas. Hay sí una inmensa adhesión simpática, y más aún cuando los acontecimientos se presentan con la simbología de la "gesta". Tener una oblea en el auto, una remera o una gorra con leyendas ecologistas, con la firma de la organización, es lo más políticamente correcto que hoy hay en Gualeguaychú.
Esa prepotencia de la falsa imagen de mayorías arrastra mansamente al resto. Eso mismo le ocurrió al gobierno hace cinco años. Ahora deberá deshacer lo que, a su modo y de manera oportunista, ayudó a construir.


