Relacionado con la audiencia pública por el aumento en la tarifa del agua, dice un medio de comunicación: "El edificio universitario será hoy la caja de resonancia de estos diversos sectores involucrados en la problemática". Una de las finalidades de la audiencia pública es facilitar la participación ciudadana y transparentar los actos de gobierno. Nada de esto pareció estar presente. Un tema que afecta a un millón y medio de habitantes se lleva a cabo en un lugar cerrado, con capacidad para 200 personas y sin las condiciones mínimas para recibir público. Una audiencia promovida durante más de un mes para comenzar a las 9 de la mañana, se modifica para las 11, el mismo día de su realización. En absoluto se tiene en cuenta a quienes interesados en participar, modificaron horarios para otras ocupaciones o compromisos. Un día de muy alta temperatura, en un recinto provisto de un deficiente sistema de sonido, acompañado por el ruido de ventiladores que hacen imposible entender lo que se está diciendo. Organizadores, moderadores y oradores que haciendo caso omiso a esta deficiencia, seguían hablando como si solo les interesara satisfacer el propio ego de oírse. Ante la imposibilidad de alcanzar un saldo positivo para mi asistencia, decidí dejar el lugar. En la puerta de acceso, y como frutilla del postre, un grupo de ciudadanos provistos de pancartas pedían la anulación de la audiencia. Sus motivos eran: falta de transparencia por no habérseles permitido la inscripción como oradores, a pesar de haberse efectuado en tiempo y forma. En fin, un asado donde la carne parecía estar cocinada antes de encender el fuego. Por supuesto que no van a faltar quienes manifiesten que los ciudadanos participaron en forma masiva.

Jorge R. Alvarez

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