El buen clima y los mejores precios liman la disputa entre el gobierno nacional y los empresarios agropecuarios. Un día después de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner volviera a poner en cuestión el aporte del sector en la recaudación de IVA y Ganancias, su ministro de Agricultura, Julián Domínguez, inauguró una nueva edición de Expoagro en un ambiente tranquilo y con promesa de buenos negocios. El funcionario celebró la cosecha de 100 millones de toneladas que se prevé alcanzar con la recolección de los granos gruesos y esbozó un programa de acción que apunta a "garantizar" que la rentabilidad derivada del boom de demanda internacional "quede en manos de los productores argentinos".
"En la última década se formó una camada de empresarios jóvenes en el agro argentino que están entre los más competitivos del mundo", dijo el ministro, quien al mismo tiempo recordó que en un año de gestión se crearon seis agregadurías agroindustriales en el exterior para apuntalar las exportaciones. El funcionario esbozó trazos de un nuevo programa de trabajo del gobierno nacional hacia el sector: el reemplazo de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuaria (Oncca) por una unidad interministerial para la gestión de los subsidios a la agroindustria y el reciente interés del gobierno nacional por impulsar una ley que limite la inversión extranjera en tierras nacionales, como hacen en Estados Unidos o Brasil.
Domínguez, el funcionario encargado de tejer alianzas dentro del complejo mundo que enfrentó al gobierno durante la crisis de la 125, trazó líneas gruesas del protopacto social que parece ofrecer el gobierno a la agroindustria. Mientras crea con Brasil y otros productores de materias primas una suerte de "mesa de enlace" global contra la pretensión de las potencias globales del G-20 de regular el precio de los alimentos, a nivel interno impulsa una agenda más fina a la hora de repartir los excedentes entre la producción primaria y la agroindustria (que se lleva el 70 por ciento de los subsidios), y una serie de reformas que empalman con la tradición programática del ala "progresista" de las gremiales agropecuarias.
Como mínimo, esa nueva sintonía, blindada por la solidez macroeconómica, permitió abrir sendas en un territorio hostil. Por segunda vez luego del conflicto de la 125, un ministro nacional recorrió la Expoagro, y organismos nacionales como el Inta volvieron a decir presente.
Con sus tensiones a cuesta, los dirigentes gremiales del ruralismo estuvieron lejos de protagonizar el acto inaugural. Lo más parecido a la oposición que se subió al palco en el campo de Baradero fueron los gobernadores de Santa Fe, Hermes Binner, y de Buenos Aires, Daniel Scioli.
En su discurso, el bonaerense lanzó su tradicional mensaje de optimismo. En el llano, Binner se diferenció de la Nación, reflotó su programa de diez puntos para el agro y responsabilizó al gobierno central por las crisis que atraviesa el sector frigorífico y los conflictos en los mercados de trigo y maíz.
Una campaña que promete. En el predio ubicado en el kilómetro 121 de la autopista a Buenos Aires, la inversión desplegada en los stands de semilleros, autos, maquinaria agrícola y empresas de servicios, exhibía la vocación de disputar negocios en un año de granos gordos. El gerente general de Expoagro, Eugenio Schlossberg, resaltó el crecimiento del 20 por ciento en el número de expositores y destacó que la expo recibirá hasta el sábado a miles de extranjeros.
Aunque hasta las 18 del primer día la gente no se había sumado masivamente, se descontaba que la muestra desbordará en los próximos días. El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Cristián Amuchástegui, destacó que más allá de la zozobra climática que afectó al maíz, el clima y los precios acompañaron la campaña. Lamentó que ese buen panorama no se haya extendido a los productores trigueros, que "sólo pueden vender el cereal con descuentos de 60 dólares por tonelada" y los maiceros, que sufren rebajas de entre 30 y 40 dólares por la intervención oficial.
La provincia de Santa Fe dio el presente con un stand institucional que albergó a unas 40 empresas (cinco firmas santafesinas se alzaron con premios Ternium a la innovación), deseosas de capturar parte de la abundancia que apaciguó las broncas políticas en la megamuestra del campo. Al menos, hasta que alguien recordaba los reproches fiscales de Cristina. Allí, las caras mutaban y alguno que otro lanzaba la advertencia: "No escriban contra el campo".
