Política

Expertos remarcan que los traslados por decreto son inconstitucionales

Las posiciones se dividen sobre si existía gravedad institucional para que el máximo tribunal acepte el salto de instancias. Alertan sobre futuros reclamos

Miércoles 30 de Septiembre de 2020

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de habilitar el per saltum para tratar el caso de los magistrados trasladados agitó el debate no sólo en la política sino también en el campo del Derecho.

Como los martillos pegados a las paredes de los colectivos, el salto de instancias judiciales inferiores es un recurso para ser usado sólo en caso de emergencia. Una de las cuestiones en debate es si la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli ameritaba romper el vidrio.

Para el abogado constitucionalista Diego Armesto, la gravedad institucional está comprobada. “La Corte entiende que esto se da a la luz de los acontecimientos ocurridos en el Consejo de la Magistratura y en el Senado, negar su actuación afectaría la tutela del derecho de los reclamantes —señaló a La Capital —. La Corte le dice al Consejo que no tome ninguna decisión hasta que resuelva la cuestión de fondo”.    

Por su parte, el abogado Domingo Rondina advirtió que la Corte Suprema debe tener mucho cuidado con el per saltum y evaluó que esta situación no lo amerita. “Ojalá que la Corte actué siempre con esta velocidad —ironizó—. Los casos de los jubilados no pueden demorar 15 años, ellos también tiene derecho a una jurisdicción rápida”.

En tanto, el abogado Mariano Bär distinguió la posición de la mayoría —integrada por Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti—, de la planteada por Ricardo Rosenkrantz.

El presidente del cuerpo, analizó Bär, más que la constitucionalidad de los traslados ve con preocupación que si se separa a estos tres jueces se podría afectar la designación de otros magistrados que están en una situación similar.

Además, Bär advirtió otra cuestión: si Rosenkrantz diera la razón sin más a los tres jueces, el gobierno de Alberto Fernández podría trasladar jueces por decreto sin restricciones en los más de tres años que le quedan de mandato.

Donde sí acuerdan los expertos es que el traslado de magistrados por decreto presidencial viola el artículo 99 inciso 4 de la Constitución Nacional, que establece que el Poder Ejecutivo Nacional “nombra a los jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.

Más, cuando los jueces en cuestión no se mantuvieron en la misma jurisdicción o instancia, situaciones que podrían eximirlos provisoriamente del procedimiento constitucional. En este caso, Bruglia y Bertuzzi llegaron a la Cámara Federal desde tribunales orales federales. Castelli fue trasladado desde la justicia federal del partido bonaerense de San Martín a los tribunales porteños de Comodoro Py.

El problema es además que Bruglia, Bertuzzi y Castelli otros jueces están en la misma situación.

“Esto se consolidó con el paso del tiempo —alertó Rondina—. La discusión es que ha generado una situación fáctica de juez natural, algo que fue consentido por el sistema y la propia Corte. El principio de juez natural es para que vos puedas prever quién te va a tocar, no que te lo cambien cuando llegás vos”.

Ante esto, a la Corte se le plantea una disyuntiva: ¿Sostener a los jueces, y reforzar una situación inconstitucional? ¿O desplazarlos, y abrir la compuerta a una catarata de reclamos?

Para Armesto, el máximo tribunal tendría que confirmar a los jueces demandantes pero al mismo tiempo remarcar que se trata de la última excepción.

Por el contrario, Rondina y Bär consideraron que los magistrados deberían regresar a los cargos que concursaron.

Lo cierto es ahora se abre un período en el que la Corte Suprema, como último intérprete de la Carta Magna, deberá resolver sobre la cuestión de fondo: cuáles son los mecanismos válidos para la designación de jueces.

Ese lapso, estimaron los especialistas, llevará unas dos semanas. Más allá de los tiempos procesales, y del debate sobre cuáles son los plazos a los que debe ajustarse la Corte, los supremos buscarán zanjar rápido la cuestión. El escrache del sábado a Lorenzetti en su casa de Rafaela dejó claro que el debate trascendió los tribunales y se convirtió en un conflicto abiertamente político.

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