Las concesiones en Rosario siguen detonando polémica: el concejal radical Jorge Boasso denunció que, pese a estar previsto en el pliego, no existieron sanciones por el incumplimiento en las obras previstas en la Rambla Catalunya. Es que, según el contrato de adjudicación, las tareas por más de 4 millones de pesos se debían finalizar a los 24 meses, a partir del 30 de julio de 2010. Es decir, la labor tendría que haber concluido en julio de 2012.
"Estamos comenzando febrero de 2014 y la obra aún no ha terminado. Pasó más de un año y continúa el problema. No se trata sólo de restaurar locales gastronómicos sino de obra pública para la ciudad en el único sector de playa pública de la ciudad", explicó Boasso.
Sin embargo, según el dictamen Nº 555 del Tribunal de Cuentas Municipal (que audita al propio Ejecutivo), en diciembre de 2012, luego de 29 meses, se llevaba ejecutado el 22,12 por ciento de la obra comprometida. Es decir: menos de la cuarta parte del total.
"En esta concesión no solo se paga un magro canon por los bares que están en funcionamiento sino que no avanzan en las obras", expresó el edil radical.
Clave. En el pliego de la licitación ("nunca se remitió al Concejo", alertó Boasso) está permitido que si termina la obra de remodelación de cada bar-restaurante (Natural Mistic, Cartuja, Caracolas, Señor Arenero y Mordisco), a la vez se puede subalquilar la explotación de todos ellos.
"El valor de locación (alquiler) de mercado de esos cinco locales puede estimarse que supera los 37 mil pesos mensuales, de manera que no hay inversión real propia del adjudicatario", agregó el edil.
Para Boasso, la Municipalidad "debe extinguir el contrato por incumplimiento y asumir la ejecución de las obras públicas necesarias y absolutamente compatibles con un presupuesto oficial de más de 3 mil millones de pesos anuales, frente a un monto de obra de 4 millones, brindando a todos los vecinos un paseo único, servicios, playa pública e infraestructura general acorde a Rosario".
El planteo del concejal llegó en momentos en que la atención se posa sobre el complejo parque de España, cuya concesión otorgada por la Municipalidad en la costa central viene siendo muy cuestionada por el arco político opositor en los últimos días.
Un cálculo que está al alcance de todos permite deducir que el complejo paga 200.960 pesos al año de canon y de amortización de obra realizada por la explotación y uso de ese espacio publico.