Un grupo de 140 vecinos que reside en la zona de avenida Sabin y Sorrento, donde se planifica la construcción de un núcleo de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presentó una demanda judicial para que la Municipalidad detenga las obras hasta tanto se garanticen la infraestuctura de los servicios públicos básicos. Entienden que, de no dar respuesta a problemas preexistentes (desagües pluviales, electricidad, agua potable y drenaje y estabilización del terreno, entre otros), el emprendimiento agravará su situación actual.
El proyecto Misión Sueños Compartidos, que se puso en marcha a mediados de 2010 para dar respuesta habitacional a sectores más carenciados y contempla la construcción de unas 500 viviendas en un predio de Sabin y Juan José Paso, está en pleno desarrollo y en pocos días se entregará una segunda tanda de 38 viviendas (de un total de 128), un centro de salud y un salón comunitario.
Pero, para completar la obra se contempla que a pocas cuadras de allí, en otro lote ubicado sobre Sabin al 1500 bis (Artilleros entre Renan y Donizetti), se levanten 128 casas, la mayoría destinadas a la reubicación del barrio toba (comunidad qom).
Aunque a las complicaciones presupuestarias que superó la iniciativa (conflicto mediante con el desmanejo de fondos de la fundación y las idas y vueltas para la asignación de recursos nacionales), ahora se plantea un reclamo vecinal que no parece descabellado.
Es que unas 140 personas que residen en el barrio Nueva España, pegados al predio de Sabin casi Sorrento, cuestionan que la falta de planificación de infraestructura para absorber la demanda de servicios básicos del nuevo complejo habitacional sume inconvenientes a los que ya padecen.
Bajo ese argumento presentaron un amparo en los Tribunales provinciales contra la Municipalidad y el Ministerio de Planificación Federal de la Nación por la omisión y el incumplimiento de la ordenanza Nº 8.989 y su complementaria Nº 8.429.
Es que esas normativas exigen las obras de infraestructura previas a la construcción del complejo, como pavimento a nivel, desagües cloacales y pluviales, abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica y alumbrado público, de gas natural, construcción de veredas, obras para evitar inundaciones y nivelación del terreno.
Si bien aclaran que no se oponen a la radicación de las familias (ver aparte), pretenden que se cumplan las ordenanzas mencionadas en los servicios del barrio Nueva España (también llamado España Chica) y solicitan que "se paralice y, oportunamente, se anule la construcción de las viviendas conforme a impedimentos técnicos que afectan sus derechos".
Enumeran que sufren inundaciones por falta de obras fundamentales y solicitan a la Intendencia que explique si se realizaron las adaptaciones técnicas en el terreno, como también destacan que, de ejecutarse la obra sin esos trabajos previos, "se lesionan, restringen, alteran y amenazan con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta los derechos y garantías contemplados en la Constitución y los instrumentos internacionales".
Cuando el 11 de mayo pasado los vecinos se encontraron de un día para el otro con el lote cercado y un cartel de obra que no tiene identificación, comenzaron a preocuparse.
Y, según plantean en la demanda, el malestar radica en que "no se dan los requerimientos de infraestructura, tanto del sistema cloacal como eléctrico, ni de servicios en general, seguridad, sanitario o social". Inconvenientes preexistentes y que sufren en la actualidad.
El objeto de la demanda es que "se ampare el pedido de los vecinos y se ordene a la accionada (la Municipalidad) que se abstenga de edificar casas para familia carenciadas en circunstancias no aptas o diferentes a las exigencias reglamentadas".
La demanda fue planteada ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 8, que se declaró incompetente y lo remitió a la Justicia Federal, en virtud de que uno de los demandados resulta el Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido.
