La Justicia chilena ha acogido una solicitud del Estado para retener el patrimonio de la minera San Esteban con el fin de que se haga cargo del pago del rescate de los 33 trabajadores atrapados en el norte del país, cifrado en 4.873 millones de pesos (9,7 millones de dólares).
  Un juzgado civil de Santiago aceptó la petición presentada el pasado 16 de septiembre por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo encargado de representarlo jurídicamente, para retener el patrimonio de la empresa.
  Además, se prohibió a la minera celebrar actos y contratos, y se retuvo un total de 61 pertenencias mineras, 32 automóviles, así como tres bienes raíces para evitar su posible traspaso.
  Según el abogado de la minera, Jorge Aguilar, “estas medidas son innecesarias, ya que la empresa se encuentra intervenida por un procurador que impediría el traspaso de cualquier bien”. Añadió que si la empresa entra en quiebra en 30 días, “el impacto de las medidas cautelares sería nulo”.