Tengo un hijo con discapacidad motriz y compré un vehículo usado, con crédito prendario, ya que me es imposible uno nuevo a través de la franquicia. El vehículo está a mi nombre y realicé los trámites como indica la ley de discapacidad para la exención de la patente, pero uno de los requisitos para terminar dicho trámite es que la titularidad del vehículo debe estar a nombre de mi hijo. Se trata de un despropósito, ya que mi hijo no firma, no puede ser responsable de algún accidente que pueda tener con el auto, etcétera. No solo eso, una transferencia a nombre de mi hijo sale 800 a 900 pesos, con lo cual me conviene abonar la patente. Y si pasado un tiempo quisiera venderlo debo volver a transferir el vehículo a mi nombre. La verdad es que no se entienden este tipo de cosas. Sin embargo, hay muchos que gozan de este beneficio sin tener ninguna discapacidad y con buen poder adquisitivo, políticos, sacerdotes, embajadores, etcétera.

Guillermo Tisera

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