Las extradiciones del ex fiscal de Mar del Plata Gustavo Demarchi desde Colombia; del ex juez de Mendoza Otilio Romano desde Chile; y del ex comandante del Ejército Jorge Carril desde Venezuela, los tres acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, son procesos que están cerca de resolverse.

El que se encuentra más avanzado, a la espera de que el gobierno de Juan Manuel Santos defina si concede o no la extradición, es el de Demarchi, ya que el pasado 28 de marzo la Justicia colombiana autorizó la extradición. El ex fiscal es requerido por la Justicia federal de Mar del Plata, acusado de delitos de lesa humanidad cometidos cuando comandaba la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una facción de ultraderecha que llegó a ser un apéndice de la Triple A. Demarchi, de 65 años, será juzgado por el asesinato de militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP).

En el caso de Romano, el pasado 17 de mayo el gobierno chileno le negó asilo político y perdería la visa de residencia que posee y sería deportado próximamente en virtud del pedido de extradición. El pasado 24 de febrero la Justicia chilena ordenó la detención preventiva. La Justicia argentina lo considera partícipe de 103 delitos de lesa humanidad, por no haber denunciado o investigado violaciones a los derechos humanos de las que tomó conocimiento como funcionario judicial durante la última dictadura.

Romano fue destituido el 15 de diciembre de 2011 por el Consejo de la Magistratura, que lo consideró "cómplice" de la dictadura. Un día antes de ser suspendido por el Consejo de la Magistratura, Romano escapó a Chile, donde solicitó refugio político y consiguió un visado de permanencia por 8 meses.

El último proceso de extradición pendiente comenzó el 17 de abril con la detención en la ciudad venezolana de Valencia del ex comandante del Ejército Fernando Jorge Carril, quien era requerido con alerta roja de Interpol por delitos durante la dictadura militar. En 2010, Carril, de 86 años, fue condenado a prisión perpetua por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976 y acumula ya varios procesamientos por delitos de lesa humanidad.