En Cartas de los Lectores de las ediciones del 23 y 30 de julio pasado, se publicaron sendas cartas referidas al cobro de un estampillado en una farmacia. El modo quejoso -la primera- y un intento de justificación desde la Asociación Profesional farmacéutica, en la última fecha precisada. Las quejas del señor Carlos Royer y el sentido “acusatorio” que acoje la asociación, ameritan a que los legisladores provinciales revean la norma que se presta a semejante atribución de un comercio farmacéutico. Modestamente, esa ley tiene una génesis en gobiernos totalitarios -la Nº 3.920- luego confirmada sin debate democrático por la ley Nº 12.818. La norma impone esa estampilla de modo compulsivo a una “contrbución” -tal lo cita Lijmaer-, sin ninguna contraprestación a cambio. Desde el punto de vista técnico es liso y llano un impuesto que ni siquiera un municipio ni comuna puede cobrar. Las citas legales que hace quien justifica el cobro, la señora Stella Maris Lijmaer, en lugar de aclarar -que dice motivó su carta-, lo único que hace es desnudar una norma que los legisladores deberían revisar por ser, a todas luces, injusta, ilegítima y de dudosa constitucionalidad. Finalmente, algo no poco importante es cómo se administran y el destino final de esas millonarias recaudaciones anuales que se hacen, todo el tiempo, a lo largo y ancho de la provincia de Santa Fe.

José Cándido / DNI. 7.890.098