"Tras el alud, los primeros 15 días fueron de asistencia a los damnificados para contenerlos, al principio teníamos 60 colchones y eran más de 700 los evacuados. Luego llegó la ayuda de la provincia y Nación, así fuimos avanzando en la asistencia, pero nos cuesta concretar la reconstrucción", admite el intendente Leavy.

  Sobre las obras que siguieron al desastre del 9 de febrero, explica que trabajaron unas 80 máquinas y cerca de 30 camiones. "Pero, —agrega— es una zona conflictiva por naturaleza. Si repartís agua a algunos, tenés otros que protestan y dicen que no les llega nada. Y no faltan los que piden sin estar afectados", acusa. "Tenemos muchos problemas sociales, el 20 por ciento de la población no tiene agua ni canillas comunitarias y el resto padece un mal servicio".

  Además, admite que "veinte días antes del alud ya estábamos en emergencia porque se reventó la colectora máxima. Sucede que la ciudad creció mucho en 20 años, es un lugar muy rico que tienta. Sólo por entrar como portonero en una petrolera pagan tres mil pesos". Y recuerda que "YPF, en 1997 tenía 3.500 trabajadores, luego vinieron los cortes de ruta por los despidos y unas 40 mil personas salieron a la calle, todos colaboramos con esa protesta. Pero en 2001 la movilización quemó la municipalidad y la comisaría, vivíamos de pueblada en pueblada. Estamos a ocho años de aquello, pero no logramos despegar.

La política petrolera. Para Leavy, " la política petrolera llevó a cerrar exploraciones y perforaciones, hoy trabajan unas 400 personas y sólo se aprovechan los pozos que quedaron. Y existe la industria del piquete, llegan a hacer diez cortes por semana, son desocupados que tienen líderes y salen a buscar trabajo. Encima, un juez federal dijo que ser piquetero era trabajar. Pero levantamos centros de integración comunitaria, abrimos seis cooperativas para que puedan trabajar y no disgregarse, cambiando de un político a otro".