Madrid.— El Congreso de los Diputados de España aprobó ayer la polémica
reforma de la ley de extranjería, que endurece los criterios para la reagrupación familiar de los
inmigrantes y amplía el período de retención para los ilegales. Aunque se reconocen nuevos
derechos, varios colectivos de extranjeros insistieron en que la reforma planteada es una mala
noticia.
La reforma salió adelante con los votos del gobernante Partido Socialista, que
fue apoyado por los diputados del Partido Nacionalista Vasco, de Coalición Canaria y de los
nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió. En contra votaron el conservador Partido Popular,
la principal fuerza de la oposición, así como varios partidos de izquierda.
A partir de la aprobación de la ley, que ahora pasará al Senado, los centros de
internamiento de inmigrantes podrán retenerlos hasta un plazo máximo de 60 días, en lugar de los 40
días actuales.
Este punto ha sido duramente criticado tanto por Amnistía Internacional como por
organizaciones de inmigrantes. Estas habían solicitado el cierre de los llamados Centros de
Internamiento de Extranjeros existentes en el país, además de reclamar la regularización de los
"sin papeles", independientemente de si tienen un contrato de trabajo o no.
Más requisitos. La reforma también endurece los requisitos para el
reagrupamiento familiar, que queda limitado a los hijos menores de 18 años o mayores con
discapacidad, y a los padres del inmigrante y su cónyuge "cuando están a su cargo, sean mayores de
65 años y existan razones que justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España".
Además, para solicitar cualquier reagrupación, el extranjero deberá llevar cinco
años de residencia legal en España y no uno, como ocurría hasta ahora.
En el capítulo de ampliación de derechos, el Congreso introdujo una importante
enmienda, solicitada por organizaciones sociales, que permitirá a las administraciones públicas y a
ONGs hacerse cargo de la tutela de los menores inmigrantes que llegan a España sin acompañar.
Asimismo, los hijos a partir de 16 años y el cónyuge o pareja de hecho
reagrupados dispondrán de permiso de trabajo de forma automática, un beneficio que no existía.
"Reforma cosmética". El Partido Popular anunció que anulará la reforma de llegar
nuevamente al poder, porque considera que ésta no servirá para frenar las "avalanchas" de
inmigrantes en situación irregular. A su juicio, se trata de una mera "reforma cosmética", que
desaprovechó la ocasión de cambiar el actual modelo migratorio, responsable de que España se haya
convertido en el "coladero" de ilegales de la Unión Europea y en territorio propicio para las
mafias.
Para los colectivos de inmigrantes, que protestaron contra la nueva normativa
con una marcha de unos 700 kilómetros de Barcelona a Madrid, la reforma promovida por el gobierno
del socialista José Luis Rodríguez Zapatero es discriminatoria, considera al extranjero como mero
instrumento de trabajo y criminaliza a los indocumentados.
La polémica reforma, que supuso un giro en la política migratoria del gobierno
socialista, fue aprobada por el Ejecutivo en junio pasado. Sus detractores acusan al gobierno de
querer endurecer las leyes de inmigración debido a la grave crisis económica que atraviesa España y
que ya ha generado 4,1 millones de desempleados.
Voz y voto. El Congreso también aprobó ayer que unos 600.000 inmigrantes de
nueve países no pertenecientes a la Unión Europea puedan votar en las elecciones municipales de
2011 en España, de acuerdo a convenios de reciprocidad.
Todos los grupos parlamentarios apoyaron en el pleno dichos acuerdos, suscriptos
con Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Cabo Verde, Islandia y Nueva
Zelanda. Estos convenios, que ahora pasarán al Senado para su aprobación definitiva, establecen que
los españoles residentes en esos países también podrán participar en los comicios locales que allí
se celebren.
Aún están pendientes acuerdos similares con Argentina, Bolivia, Brasil, México,
Uruguay y Marruecos.