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España dejó sin cobertura médica gratuita a los inmigrantes ilegales

Afecta a más de 460.000 extranjeros irregulares. El Estado sólo atenderá los casos de urgencia.

Domingo 02 de Septiembre de 2012

Madrid. — España dejó ayer de prestar atención sanitaria gratuita a los inmigrantes ilegales, una de las medidas de recorte más polémicas emprendidas por el gobierno del presidente conservador Mariano Rajoy para cumplir con su objetivo de reducción del déficit fiscal impuesto por la Unión Europea (UE). El fin de la renovación de tarjetas sanitarias a personas "sin papeles" —una medida con la que el Ejecutivo de Rajoy calcula ahorrar unos 500 millones de euros— ya chocó con la oposición de numerosos grupos sociales y de los médicos y enfermeras, que dijeron que seguirán atendiendo a aquellos pacientes que se queden fuera del sistema.

No existen datos oficiales sobre las personas que residen en España sin permiso, aunque el cruce del número de extranjeros del Instituto Nacional de Estadística con aquellos que no figuran en los registros del Ministerio de Empleo español, arroja una cifra de ciudadanos "sin papeles" de 459.946 personas. De estas, unas 153.469 son inmigrantes no comunitarios (de afuera de Europa) indocumentados, los más perjudicados por esta medida, al pertenecer a un colectivo vulnerable y con escasos recursos.

Millonario ahorro. Ante esta ola de indignación, la portavoz del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría explicó que la cobertura se restringirá a los inmigrantes en situación irregular que ahora tendrán derecho a una asistencia de urgencia, pero no utilizando una tarjeta sanitaria que también confiere derechos a sus familiares. "No va a haber desatención sanitaria", dijo Sáenz, recordando que el sistema seguirá prestando servicios de salud a "menores, mujeres embarazadas, casos de urgencia, tratamientos de esos casos de urgencia, además de prevención y control de enfermedades transmitibles".

El plan de reformas aplicadas al sistema sanitario español, con el que el Ejecutivo busca un ahorro total de 7.000 millones de euros, incluye además el copago de recetas farmacéuticas que entró en vigor en julio, medidas sobre la atención a turistas —para reducir costos en 1.000 millones— y el alza de la coordinación entre comunidades. Cientos de inmigrantes se manifestaron en toda España contra la anulación de la tarjeta sanitaria, una decisión que calificaron de "apartheid sanitario" y de "xenófoba".

Entre los críticos al retiro de las tarjetas están entre otros las organizaciones activistas Amnistía Internacional y Médicos del Mundo, que señalaron que la reforma vulnera los derechos humanos. "España incurrirá en una violación de los derechos humanos, por limitar el derecho a la salud de los colectivos más vulnerables y por ser una medida regresiva y discriminatoria", explicaron el viernes en un comunicado conjunto. Según las organizaciones, esta decisión "podría costar vidas, porque dejará a miles de personas sin acceso a los sistemas de salud".

Financiamiento. A pesar de que a partir de ayer los inmigrantes sin permiso de residencia tendrán que abonar sus consultas, como ocurre en la mayoría de países de la UE, la vocero del gobierno reconoció que aún "se tienen que buscar los mecanismos para el reintegro y el reembolso de esos gastos" . Los pagos podrían realizarse a través de convenios bilaterales con los países de origen de los beneficiarios — que sean ellos quienes lo paguen—o que el proceso corra a cargo de fondos sociales.

También desde ayer, los españoles deben pagar íntegramente el precio de hasta 417 fármacos —antes incluidos en el catálogo de medicamentos subvencionados por el Estado— con lo que el gobierno espera ahorrar hasta 450 millones de euros. El objetivo de España es reducir su déficit publico del 8,9 por ciento del PIB en 2011 al 2,8 por ciento en 2014, para lo cual no podrá superar el 6,3 por ciento en 2012 y el 4,5 por ciento en 2013. Entre las medidas puestas en marcha también está el aumento del IVA (ver aparte), una reforma del sistema educativo y recortes en los empleos públicos.

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