España acusa a Artur Mas de conducta criminal

La Fiscalía General del Estado español presentó una querella penal contra el jefe del gobierno de Cataluña, Artur Mas, y dos miembros de su Ejecutivo por la consulta sobre la independencia que se celebró el 9 de noviembre pese a haber sido suspendida por la Justicia. La querella se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La Fiscalía acusa a Mas de "desobediencia grave, prevaricación, malversación y usurpación de funciones". La demanda penal se esperaba desde hace días, pero se retrasó por la oposición de los fiscales catalanes. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, obtuvo esta semana el visto bueno de la cúpula del Ministerio Público, que integran 24 fiscales. Según el diario El País citando fuentes del entorno de Artur Mas y de su partido CiU, la querella reforzará la estrategia del líder catalán para capitalizar la votación independentista. Mas y CiU, victimizándose al ser "perseguidos" penales del Estado español, mostrarán que el jefe del Ejecutivo catalán está dispuesto a todo. El objetivo politico real de Mas son unas posibles elecciones anticipadas. En los últimos meses, CiU ha sido superado en las encuestas por los independentistas radicales de ERC, que son la segunda fuerza en el Parlamento catalán.

La querella se dirige también contra la vicepresidenta de gobierno, Joana Ortega, que el 9 de noviembre compareció en varias ocasiones ante la prensa para dar avances de participación e informar sobre cómo discurría la jornada, y la titular de Educación, Irene Rigau, porque para la votación se utilizaron centros educativos públicos dependientes de su departamento.

La querella presentada relata las actuaciones de los querellados para celebrar la consulta independentista pese a dos resoluciones en las que el Tribunal Constitucional la suspendió. Las resolución del Constitucional representaban "una orden absoluta, tajante e inequívoca de abstención de todo acto encaminado" a la celebración de la consulta, dijo la fiscalía. Esta recuerda que las resoluciones del Constitucional "son vinculantes para el gobierno de Ia Generalitat precisamente por su carácter de poder público, que le convierte en destinatario directo de dichas decisiones", y cita al respecto la ley orgánica del mismo Constitucional que ordena que "todos los poderes públicos estarán obligados al cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional resuelva". La querella añade que las resoluciones con las que el tribunal suspendió la consulta "no eran de naturaleza declarativa pura, pues disponían la nulidad de determinados actos" de la Generalitat. Esas resoluciones "constituían obligaciones de no hacer, específicamente dirigidas", al gobierno catalán. En el plano político, los críticos de Mas recuerdan que este y CiU no eran independentistas hasta que la crisis económica se agudizó. El soberanismo sería así un diversivo entregado a los catalanes ante la imposibilidad de dar solución a la crisis de la economía catalana.