En un fallo que generó polémica, los 13 acusados en la causa por la desaparición de Marita Verón, secuestrada hace más de diez años por una red de trata de personas, fueron absueltos anoche por la Sala II de la Cámara Penal tucumana.

Después de casi cuatro horas de demora en la lectura del veredicto, por supuestas deliberaciones de los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano, el tribunal desestimó los cargos contra todos los sospechosos y declaró su absolución, en medio de gritos y revuelo en la sala.

Por su parte, Susana Trimarco, la madre de Marita Verón, sostuvo "no voy a parar hasta que estos tres estafadores jueces sean destituidos de su cargo".

Los abogados de la acusación, José D'Antona y Carlos Varela Alvarez, se turnaron para anunciar que reclamarán la intervención en el Poder Judicial de Tucumán y el juicio político a los tres miembros del tribunal, Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano.

La decisión de los magistrados, que se ahorraron los fundamentos de la sentencia, generó un profundo malestar entre familiares, miembros de organizaciones de derechos humanos y víctimas de la trata de personas, que insultaron a los integrantes del tribunal apenas se conoció el fallo.

El proceso judicial que se prolongó durante casi 11 meses, y a más de una década de la desaparición de Marita.

Esta causa era vista como un caso emblemático, ya que tanto el fiscal Carlos Sale como la querella solicitaron una pena de hasta 25 años de prisión para los principales sospechosos, liderados por Víctor Rivero, María Jesús Rivero, Irma Lidia Medina, Gonzalo y José "Chenga" Gómez.

De acuerdo con la acusación formulada por el fiscal Sale, la joven fue secuestrada por una red de trata de personas en Santiago del Estero y Thames, de la capital tucumana, el 3 de abril de 2002, cuando apenas tenía 23 años y cuyo paradero aún se desconoce.

Si bien los acusados negaron hasta último momento cualquier vinculación con el caso, Trimarco —quien asistió a la lectura del veredicto— realizó una investigación paralela durante años con la intención de encontrar a su hija y, según sus abogados, brindó información clave a la Justicia.

Tanto el fiscal como los letrados de Trimarco sindicaron a los 13 sospechosos como integrantes de una red de trata de personas, que se dedicaba a secuestrar mujeres, "venderlas" a burdeles y obligarlas a ejercer la prostitución.

La madre de Verón, que tiene una hija de 14 años, declaró durante al menos seis días ante el tribunal durante el juicio, pero los magistrados —aparentemente— no consideraron "probado" que los acusados tuvieran relación con el supuesto rapto y posterior desaparición de Marita.

Trimarco exigía también al tribunal que, al cabo de tomar declaración a unos 130 testigos, incluyendo a mujeres que dijeron haber sido víctimas de la trata de personas, procure que los acusados brindaran pistas certeras sobre el paradero de María de los Angeles Verón, "Marita".

El secuestro, de acuerdo con Sale, habría sido cometido por Víctor Rivero, por orden de su hermana, María Jesús Rivero, con el fin de destinar a Marita a prostíbulos de La Rioja.

Además de los hermanos, en el banquillo de los acusados se encontraban Irma Lidia Medina y sus hijos, Gonzalo y "Chenga" Gómez, acusados de regentear los prostíbulos.

También Daniela Milhein, imputada de haber mantenido cautiva a la joven en su casa del barrio tucumano de Yerba Buena antes de que fuera trasladada a La Rioja, además de Paola Gaitán, Mariana Bustos, Carlos Luna, Azucena Márquez, Domingo Andrada y Humberto Derobertis, considerados por el fiscal como partícipes secundarios.