La denuncia sobre la venta de 25 mil hectáreas, que suman tres campos rionegrinos, por montos que van de los 36 a los 90 pesos la hectárea, desató una polémica en esa provincia.
  Los legisladores provinciales Luis Bardeggia y Luis Bonardo revelaron irregularidades como la venta posterior a la escrituración en un plazo de apenas un año, cuando la norma establece cinco como mínimo.
  Los parlamentarios señalan “una intención especulativa en la acción de los privados, frente a la inacción del Estado”, publicó el diario Río Negro.
  Pero el gobierno indicó que “para la ley, la tierra es un instrumento de producción y el precio computará las características, naturaleza, ubicación y aptitud productiva del suelo”.
  Además, se indicó que en “la fijación de precios de las tierras fiscales en la provincia se convoca a organismos provinciales y municipales que consensuaron dichos criterios”.
  Entre las denuncias, el bloque Foro Rionegrino detectó que el gobierno provincial adjudicó un campo de 329 hectáreas a José Luis Martínez Pérez, presidente de (Empresa Forestal Rionegrina Sociedad Anónima), quien apenas ocho meses después, en diciembre de 2006, y en contra de las restricciones impuestas por ley, vendió el predio a Nicolás Bernardo Van Ditmar, quien dijo comprar por gestión de negocios, con dineros y para la firma Hidden Lake, del magnate inglés Joe Lewis, quien ya posee 18 mil hectáreas
  Otra denuncia se realizó por la venta en favor de Miguel Guajardo y de Uberfil Carrillanca, otorgada por transferencia en la Escribanía General de Gobierno, en abril de 2008. Entonces, se fijó por las 14.698 hectáreas transferidas un precio de 90 pesos cada hectárea.
  Los legisladores consideraron que “el precio percibido por la provincia es tan exiguo que aún en atención a la función social que se pretende establecer con la adjudicación de tierras fiscales no puede pasar desapercibido lo irrisorio de lo abonado por los adjudicatarios”, señaló el diario mensajerodigital.com.
  Uno de los nuevos casos corresponde a un predio rural de 14.698 hectáreas, transferidas por 1.330.830 pesos (a 90 la hectárea) el 30 de abril de 2008. Los adjudicatarios de estas tierras fueron a Miguel Guajardo y Uberfil Carrillanca. Este último, fallecido hace tres meses, era empleado de Van Ditmar, administrador de Lago Escondido y ya había sido adjudicatario de otro inmueble rural, lo cual es violatorio de la ley de tierras.
  Por su parte, las diputadas nacionales por la Coalición Cívica-ARI, Fernanda Reyes y Susana García, acusaron al Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro (Codema) por el proyecto de la central hidroeléctrica en río Escondido, cuya organización “es funcional a los intereses de Lewis”. “La Patagonia es una de las zonas donde más avanzó la extranjerización. Entre ellos se encuentran Luciano Benetton (900 mil hectáreas), Tompkins (350 mil en Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, además de Corrientes) y Ted Turner (5 mil en Neuquén y Tierra del Fuego), además del citado Joe Lewis”.