La minimización de las denuncias de amenazas, la falta de un espacio donde se atienda en forma interdisciplinaria la problemática de la violencia doméstica, los vacíos en las políticas sociales por parte del Estado y la insuficiente visibilización de la violencia de género son algunas de las fallas que la directora del Centro de Estudios Sociales y Culturales para la Comunidad (Cesc), Beatriz Fullone, marcó al analizar las situaciones de violencia familiar que, pese a ser denunciadas, se reiteran y pueden derivar en la muerte de las propias mujeres o de sus hijos. La especialista volvió a reclamar la conformación de la Oficina de Violencia Doméstica bajo la órbita del Poder Judicial, "un compromiso que había tomado la Corte Suprema y que aún no se ha concretado", señaló.

Las falencias del sistema y el reclamo de un espacio de denuncia volvió a plantearse esta semana tras el episodio que le costó la vida a una beba de diez meses. Miriam, de 28 años, había denunciado en varias oportunidades las agresiones físicas y psicológicas de su marido, e incluso había pedido la exclusión del hogar. Pese a eso, el fin de semana pasado, en una discusión, el hombre volvió a golpearla y también a su hija que dos días después falleció en el Hospital Vilela.

Para Fullone, "es imposible negar el aumento de los femicidios" y señaló que pese a eso, "se sigue vanalizando el tema diciendo que son reclamos de feministas enloquecidas". Por eso, consideró que "es necesaria una verdadera visibilización de la problemática; falta conciencia de que la cultura machista mata, provoca la muerte de mujeres y de niños porque cuando muchas veces el hombre violento quiere castigar a la mujer también agrede y mata a su prole, o se las lleva".

Estudio. Estas situaciones se reflejan a través del estudio que el Observatorio de Violencia de Género del Cesc llevó adelante en los Tribunales de la provincia a lo largo de tres años. El análisis reveló, entre otros puntos, un elevado porcentaje de mujeres que desconoce la existencia de una ley provincial de protección contra la violencia familiar.

Pero los resultados dieron cuenta además que en Rosario el 77,5 por ciento de las mujeres consultadas no sólo hizo en algún momento una denuncia por violencia en sede policial, sino que también la cantidad de denuncias promedio que hicieron cada una ellas supera las 6 veces.

En el caso de las presentaciones realizadas en los Tribunales provinciales de la ciudad, la consulta indicó que el 34,3 por ciento de las encuestadas recurrió por decisión propia, casi el 60 por ciento se presentó sola, y el 52 por ciento dijo hacerlo por maltratos, amenazas y miedo.

Fallas y prejuicios. Para la directora del Cesc, una de las principales falencias del sistema "es que a menudo, cuando las mujeres se acercan a denunciar situaciones de amenazas, éstas son tomadas como hechos que el hombre dice en estado de agresividad, se minimiza la potencial agresión que puede haber detrás y se prejuzga anestesiando la verdadera situación. Les dicen que las van a matar y ellas sienten que nadie hace nada con eso".

Otro de los prejuicios al que se enfrentan las mujeres a la hora de reclamar ayuda "es que les siguen diciendo que ellas después vuelven con sus maridos, pero sin entender el fundamento de porqué vuelven y muchas veces es por miedo", y agregó que "incluso cuando existe una medida de exclusión del hogar los hombres violan esa medida, son pocas las veces en que se los apercibe y entonces ellas sienten que la Justicia no hace nada y quedan indefensas ante el agresor".

Las políticas de Estado respecto de la protección de estas mujeres que viven situaciones de violencia doméstica son otra de las patas flojas del sistema, según apunta la responsable del centro de estudios. "Cuando el hombre es además el proveedor, ellas quedan presas de esa situación y el Estado, más allá de los hogares transitorios, no está garantizando espacios donde las mujeres puedan estar con sus hijos, ni salidas laborales que les permitan subsistir", explicó antes de recalcar que "hablar de acceso a la Justicia también es hablar de políticas, de visibilización de la problemática y de trabajar sobre los vacíos que existen para poder abordarlas en su complejidad".

Por la atención de la mujer

Uno de los reclamos que el Centro de Estudios Sociales y Culturales para la Comunidad (Cesc) viene manteniendo es la puesta en funcionamiento de una oficina de violencia doméstica que esté bajo la órbita del Poder Judicial y que atienda interdisciplinariamente las denuncias de las mujeres que padecen este tipo de violencia.

“En Santa Fe no existe un lugar donde verdaderamente se atienda la problemática en toda su complejidad y donde las mujeres puedan denunciar”, aseguró la directora del Cesc, Beatriz Fullone, y recordó que estos espacios “ya funcionan en provincias como Córdoba, Santiago del Estero y Salta, y el que depende de la Corte Suprema de la Nación ya lleva atendidos unos 20 mil casos”.

  “La Corte de Santa Fe, como el resto del país, se había comprometido a poner en marcha este espacio que aún no existe, así como tampoco la provincia adhirió todavía a la ley nacional 26.485 de protección contra las mujeres”, indicó Fullone.

  La especialista destacó que la creación de una Oficina de Violencia Doméstica permitiría “que las mujeres reciban atención interdisciplinaria, donde se evalúe su riesgo a través de psicólogos y médicos y que permita trabajar en forma conectada, tanto al fuero civil como penal, recuperando los antecedentes de denuncias que tengan las mujeres”.