En carta de lectores del 21 de junio el señor Arcocha se pregunta si el endurecimiento de las penas y una mayor represión del delito que pretenden algunos sectores de la ciudadanía deberían aplicarse también a la compraventa de dólares en el mercado informal, la evasión fiscal y la agresión a periodistas con la supuesta connivencia de una agrupación política y las fuerzas de seguridad. La respuesta es obvia. El uso de la razón indica que el delito lo es siempre, objetivamente, y que no depende de la ideología y la posición política de quien lo comete. Se debe agregar también que el pedido de una posición más firme frente al delito se origina en el convencimiento de que el ser humano individual tiene la capacidad de elegir aún en las circunstancias más adversas, por lo que es responsable por sus decisiones, y que pretender una relación determinística entre pobreza, marginación e inequidad en la distribución de la riqueza no sólo es un reduccionismo contrario a la evidencia (pues si fuera así todos los pobres serían criminales, y es claro que eso no ocurre ni de lejos, más bien al contrario), sino que incluso es discriminatorio hacia los pobres al asociarlos automáticamente con la delincuencia. Obviamente esto no implica que no deban implementarse políticas públicas cuyo objetivo sea mejorar las condiciones materiales y educativas de la población, lo cual no es sólo una cuestión de seguridad, sino por sobre todo un deber de estricta justicia.

Andrés C. Argutti,
DNI. 23.674.666