El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que todos los viernes de los próximos 60 días serán no laborables para todos los niveles de la administración pública, con el objeto de reducir el consumo de electricidad ante la escasez causada por una persistente sequía y el estado crítico del sistema de generación, transporte y distribución. La medida se suma a la reducción de la jornada laboral y la prohibición de que los centros comerciales tomen electricidad del sistema nacional durante varias horas por día, dispuestas meses atrás. Tras hacer un "llamado a la conciencia nacional" para que todo el país respalde la iniciativa, Maduro extendió a nueve horas diarias el racionamiento eléctrico para los centros comerciales y hoteles, que deben generar su propia energía, una medida que arrancó en febrero pasado. Añadió que se mantendrán las jornadas diarias de trabajo a 5 horas y media en algunos ministerios y empresas públicas para contribuir con el ahorro eléctrico.
La medida oficial fue objetada por analistas y opositores que consideran que la medida será insuficiente para atender la crisis del sistema eléctrico que enfrenta el riesgo de colapso ante la fuerte sequía que padece la represa que alimenta la mayor central hidroeléctrica del país.
La nueva restricción tendrá vigencia hasta el 6 de junio —que es lunes—, informó el mandatario el miércoles a la noche, durante el programa que el influyente diputado y número dos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) gobernante, Diosdado Cabello, tiene en la televisora estatal VTV. El mandatario responsabilizó por la crisis energética a "situaciones extremas de la naturaleza" como el efecto climático de El Niño.
La disposición funcionará como complementación del plan iniciado en Semana Santa, cuando los días (lunes, martes y miércoles) 21, 22 y 23 de marzo se decretaron como no laborables, lo que permitió el ahorro de 400 megavatios y detuvo el descenso (del nivel del agua) en 22 centímetros en los embalses.
Prolongada sequía. El fenómeno de El Niño causó prolongadas sequías en vastas zonas de Venezuela y de varios países vecinos, lo que provocó dificultades en el suministro de agua y, solamente en el caso venezolano, de electricidad. Además de la fuerte dependencia que el sistema eléctrico venezolano tiene de El Guri, toda la infraestructura de generación, transporte y distribución padece desde hace varios años severas fallas de mantenimiento y falta de inversión que a menudo causa apagones que afectan a áreas extensas y duran varios días. En la mayoría de los casos, el gobierno explicó el origen de los apagones en supuestos sabotajes, pese a que seis días después de asumir la presidencia, en abril de 2013, Maduro echó de la presidencia de Corpoelec EM_DASHel monopolio estatal que concentra las tres etapas del negocio eléctricoEM_DASH a Argenis Chávez, hermano del fallecido ex presidente Hugo Chávez, y dispuso la militarización de todas las instalaciones.
La decisión de declarar no laborables a todos los viernes de aquí a dos meses fue criticada irónicamente por el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento), Henry Ramos Allup, y el gobernador del Estado Miranda, Henrique Capriles, dos de los mayores líderes opositores. "Para resolver caos eléctrico «genio Miraflores» extiende disparate de días no laborables. Para resolver plenamente que lo extienda por 365 días", escribió en su cuenta Twitter. Capriles sostuvo que "Maduro nunca trabajó, por tanto le es normal decretar días no laborables y ahora reitera su incapacidad para gobernar", y remarcó que "al final no se sabe la real situación del desastre del sector eléctrico".
Consumo domiciliario. El gobernante exhortó a los venezolanos a "racionalizar el consumo eléctrico" en sus hogares, argumentando que todas las medidas adoptadas por su gobierno para ahorrar luz serán insuficientes debido a que en esta nación sudamericana "el consumo en el sector residencial, a diferencia de otros países, es mayor que el comercial e industrial".
Venezuela, que vivió una dura crisis eléctrica en 2010, padece constantes y masivos apagones, especialmente en las provincias. Algunos analistas asocian ese particularidad a la sostenida caída del aparato productivo durante los mandatos de Chávez y Maduro y a las tarifas residenciales preferenciales del servicio, que figuran entre las más bajas del mundo.
El chavismo marchó contra la amnistía para presos políticos
Varios miles de empleados públicos y seguidores del gobierno realizaron ayer una marcha en el centro de Caracas para protestar contra la ley de amnistía que aprobó la mayoría opositora de la Asamblea Nacional (Parlamento). Al respecto, Maduro anunció ayer que utilizará sus poderes como jefe de Estado para impedir la entrada en vigencia de la ley de amnistía que aprobó recientemente la bancada mayoritaria de la oposición en el Parlamento.
Varios cientos de empleados públicos y simpatizantes del gobierno, vestidos con camisas rojas, tomaron algunas vías del centro de Caracas y marcharon hasta los alrededores del palacio de gobierno para manifestar contra la ley de amnistía y reconciliación que aprobó en marzo el Congreso, bajo control de la oposición. La marcha fue convocada por el oficialismo que rechaza abiertamente la nueva normativa que busca liberar al líder opositor Leopoldo López y varias decenas de los llamados "presos políticos".
Tras reunirse con las "víctimas de los golpes de Estado y de las guarimbas (protestas con barricadas)" organizadas por la oposición, Maduro criticó en cadena nacional que la AN aprobara la ley, que busca la liberación de los políticos opositores presos. El presidente descartó que vaya a promulgar la ley, pero la oposición sostiene que cuenta con mecanismos legales para ponerla en vigencia. "Esto es algo horrible para la nación. Esta ley es un adefesio porque permitiría la liberación de muchos criminales", afirmó Hugo González, un albañil de 49 años, mientras caminaba por los alrededores del palacio de gobierno.
Un grupo de familiares de los llamados "presos políticos" realizó esta semana una manifestación en la sede de la Nunciatura Apostólica para pedir al Papa Francisco su mediación a favor de la ley de amnistía. La ley de amnistía fue una de las promesas electorales que promovió la coalición opositora durante la campaña de elecciones parlamentarias de diciembre.
Entre las figuras más emblemáticas que podrían beneficiarse con esta ley está López que en 2015 fue condenado a casi 14 años de cárcel tras ser acusado de promover unas violentas protestas en Caracas en febrero del 2014 que dejaron tres muertos y decenas de heridos. El dirigente opositor, de 44 años, fue detenido el 18 de febrero del 2014 y recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, a las afueras de la capital, donde se encuentra actualmente.