"Entre nuestras metas está reducir la tasa de homicidios, que al menos vuelva a valores lógicos. Pero eso no ocurrirá el primero ni el vigésimo día. En los primeros meses la fiscalía no logrará grandes cambios, y si bajan los crímenes será por otra cosa. Pero pasados seis meses ya deberíamos empezar a generar mejores investigaciones y respuestas". Con cautela y optimismo, el fiscal regional Jorge Baclini confía en que el sistema procesal penal que se activará el 10 de febrero mejorará la respuesta de la Justicia en la persecución del delito.
Mejorar el trato para con las víctimas, profundizar las investigaciones de los delitos complejos enfocando en las organizaciones y aprovechar las salidas alternativas a la reclusión como forma de resolver situaciones sociales conflictivas son algunos de los objetivos a través de los cuales el fiscal regional aspira a mejorar la calidad de las investigaciones. Una vez que el sistema comience a funcionar y logre superar lo que a priori ya se perfila como un déficit inicial: la escasez de recursos humanos.
Temas. Baclini será el responsable de las investigaciones de todos los delitos que se cometan en el sur santafesino y hasta ahora eran materia de los juzgados correccionales y de instrucción. "Desde un homicidio culposo a un asesinato, un arrebato o una estafa. Sólo quedan excluidas las faltas y los delitos cometidos por menores", precisó el funcionario que comenzará su gestión con 41 fiscales que se repartirán entre Rosario y subsedes en Venado Tuerto, Cañada de Gómez, Casilda y San Lorenzo.
Estos fiscales investigarán las denuncias que ingresen por una mesa de entradas única que en principio tendrá seis bocas receptoras y atenderá al público de 7 a 13. Por allí ingresarán al sistema los delitos denunciados en tribunales o comisarías que, junto con las investigaciones iniciadas por otras vías, se distribuirán entre distintas fiscalías según zonas, temas y funciones.
Las fiscalías temáticas serán la Unidad Especial de Homicidios, que deberá afrontar la tremenda escalada que vive Rosario en los últimos años; la de Delitos contra la Integridad Sexual, que antes que nada deberá lograr que las víctimas encuentren en el sistema la contención suficiente para denunciar esos hechos que en su inmensa mayoría nunca trascienden; la Unidad de Delitos Complejos Económicos, que perseguirá hechos que hoy por hoy casi ni se investigan.
Cuando la cárcel no sirve. También habrá fiscalías que absorberán otro tipo de delitos que no se encuadran en los anteriores. Una será la de imputados no individualizados (la que hoy se conoce como NN). La otra trabajará aquellos hechos cuya sanción pueda ser a través de una salida alternativa a la pena de prisión y al resolverse sin llegar a juicio oral agilizarían el sistema. Se trata de hechos en los que no haya violencia física ni uso de armas de fuego y podrían ser lesiones leves, daños, violación de domicilio, hurtos o estafas menores y delitos culposos que a priori pueden resolverse a través de la mediación o sanciones como la probation.
"Uno de los objetivos planteados en la fiscalía regional es que las respuestas se ajusten al tipo de conflictos. Porque en el sistema actual todo se reduce a pena o no pena; pero en el nuevo hay alternativas que el fiscal debe saber canalizar y utilizar porque son de mayor calidad", explicó Baclini, y ejemplificó: "Dos vecinos tienen un conflicto y se denuncian. Puede que uno sea condenado, tal vez vaya preso, pero un día vuelve a vivir al lado del otro y aquello que los enfrentaba no sólo no se resolvió sino que puede originar algo peor. La mediación es una buena herramienta para evitar delitos posteriores más graves".
El resto de los delitos que no se ajuste a esos criterios de tema, función o zona se abordará desde una Oficina de Investigación y Juicio, que trabajará los casos en los que habrá respuestas punitivas y llegarán a debates orales.
Quince empleados. Tal vez uno de los primeros obstáculos que deba enfrentar esta estructura sea la escasez de personal. Para el nuevo sistema penal se crearon 348 nuevos cargos a los que se sumarán los empleados que opten por pasar del viejo sistema. Sin embargo, la fiscalía regional comenzará sus tareas con 15 empleados para asistir la labor de 41 fiscales.
"Una cantidad escasísima", admitió Baclini, que sabe que en este marco "no se podrán lograr de entrada los estándares que uno proyecta, porque habría que establecer prioridades de persecución en los más importantes. Pero es necesario que ese hueco se cubra rápido, porque hay delitos que se consideran menores y sin embargo tienen gran impacto en la sociedad, y no se los puede desatender".
No obstante, a pesar de que confía en la paulatina incorporación de recursos humanos, adelantó que se trabaja en convenios con organismos públicos para paliar esa cuestión. Por ejemplo, en mediación se apelará a los equipos de la Corte provincial, el Colegio de Abogados y la Defensoría del Pueblo.
Objetivos. Más allá de los problemas concretos y la incertidumbre con la que se inicie un proceso tan novedoso que requerirá de un profundo cambio de cultura en el abordaje penal del delito, Baclini tiene muy claros algunos objetivos de su labor. Entre ellos priorizó "mejorar el trato para con la víctima, evitar lo que se llama la revictimización institucional".En tal sentido, se instrumentarán equipos de atención de víctimas y testigos, especialmente para delitos de índole sexual. Psicólogos y trabajadores sociales trabajarán con víctimas en situaciones vulnerables y conflictivas.
"Otro objetivo —añadió— es romper lo que se conoce como selectividad en la persecución y generar investigaciones que terminen con la idea de que la Justicia sólo persigue al ladrón de gallinas. Por eso la unidad de delitos económicos y complejos tiene el fin de iniciar y potenciar la persecución de aquellos hechos para los cuales los sistemas judiciales no han logrado respuesta y poder arribar a sentencias".
