Mariana Vargas, abogada de familiares de jóvenes asesinados el 27 de julio último en la toma del predio del ingenio Ledesma, en la ciudad jujeña de Libertador General San Martín, responsabilizó por esas muertes al juez que ordenó el desalojo, al gobierno local y a la policía.

"De las 157 mil hectáreas que posee el ingenio Ledesma, sólo en 38 mil produce caña de azúcar y el predio que se tomó es de 15 hectáreas. Para ellos no representa nada, pero ¿de quién es este pueblo?", advirtió la abogada Mariana Vargas. "Todo lo que nos rodea es de ellos. Entonces, si la gente no tiene dónde vivir, se va u ocupan", resaltó la letrada al explicar el origen de las sucesivas tomas de terrenos en el departamento jujeño del Libertador San Martín, extendidas sobre la ruta 34 y en varias zonas de la provincia.

"En Libertador son tres mil familias, y una de cada tres tiene problemas habitacionales. Según cálculos estimativos, 40 hectáreas alcanzarían para resolver el problema de vivienda en Libertador General San Martín", explicó Vargas a La Capital.

El pueblo creció con el ingenio y hace tres años que se solicitan tierras. El compromiso de entregar tierras y las obras que debían realizarse se frenaron. La toma se decidió mediante asamblea y la represión llegó en la madrugada del 28 de julio "con la policía provincial que arrojó gases y balas de goma y de plomo", indicó Manolo Chigre, miembro de la Corriente Clasista Combativa (CCC).

Cuatro muertos, unos 25 detenidos y más de 30 heridos dejó el hecho que es investigado. En tanto, mientras el gobierno asegura que los policías no utilizaron balas de plomo, los militantes aseguran que miembros de la seguridad del ingenio permitieron la entrada de la policía.

Vargas representa a la madre de Ariel Farfán, chico de 17 años que fue asesinado mientras participaba junto a su madre en la ocupación. "Vamos a recusar al juez. El hecho es responsabilidad del ministro de Gobierno, la provincia, el juez y la policía. Es notoria la ligereza con que salió la orden de desalojo. ¿Se investigó la situación social que vive la población?. Está prohibido por ley el desalojo de pueblos originarios, y entre los ocupantes hay miembros de la comunidad guaraní", advirtió la letrada.

"Para ellos, lo central fue cuidar la propiedad privada. Para ellos, 15 hectáreas valen más que la vida de personas. La empresa tiene ganancias millonarias y hace poco se negaba a dar aumentos salariales", afirmó.

Sobre los autores de los disparos, indicó que tienen "testimonios de quienes vieron a una persona vestida de civil (con una campera roja), que tenía un arma de fuego y estaba parada junto a los policías". Por otra parte, relató que como parte del operativo del desalojo, se supo que como "en la zona tomada pasa un canal de riego, la firma intentaba abrir las compuertas para inundar el lugar". Las ocupaciones se multiplicaron, mientras en Jujuy, Buenos Aires y en otras ciudades, como Rosario, hubo marchas.

Ante la tensión, el miércoles último la Legislatura jujeña aprobó expropiar 40 hectáreas del ingenio. "Es la primer medida en años que afecta al ingenio, siempre eximido de pagar impuestos", señala Vargas.

Desde la organización Tupac Amaru, Milagro Sala indicó que con el proyecto de la Legislatura "se expropian tierras a una empresa asesina y hay que pagarle después que mató ayer y ahora. Esas tierras eran de nuestros ancestros de los pueblos guaraní y mataco".

Y en Perico, 40 kilómetros al sur de San Salvador, cansados de promesas, los bomberos voluntarios tomaron tierras.