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En febrero de 2014 entrará en vigencia el nuevo proceso penal

El nuevo sistema procesal penal comenzará a regir el 10 de febrero de 2014 en la provincia y para todos los delitos. Así quedó definido ayer en una reunión en la Casa Gris encabezada por el...

Jueves 26 de Septiembre de 2013

El nuevo sistema procesal penal comenzará a regir el 10 de febrero de 2014 en la provincia y para todos los delitos. Así quedó definido ayer en una reunión en la Casa Gris encabezada por el gobernador Antonio Bonfatti y de la que participaron el ministro de Justicia, Juan Lewis; todos los jueces de la Corte Suprema, el procurador Jorge Barraguirre y el fiscal general a cargo del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal.

Además, y por este tema, el Ejecutivo convocó para hoy al titular del Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Gabriel Ganón.

"Estamos satisfechos porque a partir del diálogo entre poderes y entre actores clave hemos avanzado en una definición que no es sólo la de una fecha sino la de un día histórico en la provincia: ahora caminamos hacia ese horizonte y le damos certidumbre a todos quienes intervienen y forman parte del sistema de Justicia penal", afirmó Bonfatti.

"Esto demuestra que en Santa Fe el diálogo sigue siendo una herramienta importante y eficaz para arribar a acuerdos y lograr resultados", agregó.

Tras un meticuloso proceso de implementación del nuevo sistema, que se encuentra en su etapa final, el Ejecutivo debe determinar cuándo están dadas las condiciones para que entre en vigencia plenamente el modelo acusatorio basado en audiencias orales. Durante la reunión, todas las partes —que han tenido responsabilidades imprescindibles en esta compleja transformación— evaluaron lo que han venido realizando hasta ahora en materia normativa, de infraestructura, de capacitación, entre otros ejes, así como las tareas pendientes. En ese sentido, acordaron que la fecha de inicio sea el lunes 10 de febrero del próximo año.

Desde el Ejecutivo se había entendido que las condiciones estaban dadas para el comienzo durante el último trimestre de este año. No obstante, consideró oportuno recabar la opinión de actores con responsabilidades fundamentales en el nuevo sistema. En ese marco se realizó la reunión de ayer, donde por diversas razones (sobre todo organizacional) hubo coincidencia en que el momento adecuado era luego de la próxima feria judicial de verano. En virtud de ello, el gobernador dictará un decreto con los términos centrales del acuerdo al que se arribó en el encuentro, normativa donde constará la mencionada fecha como el momento en que entra en vigencia definitivamente el nuevo Código Procesal Penal.Después de repasar todo lo efectuado hasta el presente, el gobierno y estos dos actores centrales de la nueva Justicia penal coincidieron en que las tareas elementales necesarias para el inicio del nuevo sistema se encuentran cumplidas, así como también en relación al avance de la implementación. Las partes también expresaron su compromiso de trabajo para hacer los últimos ajustes rumbo a este día fundacional en materia de enjuiciamiento penal.

Histórico. El cambio será histórico porque desde el 10 de febrero todos los delitos comenzarán a investigarse y juzgarse en consonancia con los postulados de la Constitución nacional. Se pone fin además a la etapa de implementación progresiva y por materias: comienzan a jugar los nuevos actores (fiscales y defensores) que habían sido seleccionados, quienes litigarán ante los Tribunales.

El Ministerio de Justicia es organismo de implementación del nuevo proceso, por eso desde 2007 ha ejecutado y coordinado múltiples acciones para su puesta en marcha, entre los que se destaca la creación desde cero del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público provincial de la Defensa Penal.

En 2009 fueron aprobadas las leyes orgánicas que crean estas instituciones clave, junto con la ley de transición y la de organización de los tribunales penales y gestión judicial. Luego fue necesario seleccionar a las autoridades de la Fiscalía y la Defensa, y darles apoyo logístico y administrativo. Por concursos públicos han sido elegidas las autoridades provinciales, las regionales y los fiscales y defensores titulares y adjuntos, que recibieron acuerdo legislativo.

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