En la zona sur de la provincia de Santa Fe hay un total de 36 causas en trámite contra empleados de la policía por supuesto enriquecimiento ilícito. De esa cantidad nueve casos alcanzaron estado judicial, aunque ninguno de esos expedientes avanzaron siquiera hacia situaciones de procesamiento. La información fue consignada por voceros de la propia policía y del gobierno santafesino a partir de que el fiscal de Cámaras de Rosario, Guillermo Camporini, señalara en una entrevista publicada la semana pasada que existía una sola causa por este tipo de delito presunto en los Tribunales de Rosario.
Lo significativo de esta clase de ilícitos de orden económico es que, pese a la notoriedad de algunos casos, no hay uno solo que haya llevado a un juez a tomar la decisión de elevarlo a juicio. Y esto ocurre aún cuando existen constancias investigativas en la Dirección de Asuntos Internos de la misma fuerza que ponen claramente en cuestión la capacidad de los empleados observados de acumular bienes a partir de ingresos verificables.
Suegro generoso. En Rosario, por ejemplo, se conoce el caso de un ex oficial de la ex Drogas Peligrosas que al ser investigado ostentaba el grado de subcomisario y terminó sobreseído, cuando según el gobierno provincial existían sugestivos elementos de cargo en su contra. Este policía, C.R.G., justificó su patrimonio en donaciones efectuadas por su suegro. Lo curioso es que éste nunca había declarado donaciones y en el total consumido de su declaración jurada de ganancias, que indica su nivel de gastos, ofrecía la idea de no poder ceder dinero a terceros. De hecho, según Asuntos Internos, sus gastos fijos eran menores de lo que C.R.G. decía que le había donado.
El suegro de este oficial, además, mantenía un pasivo cercano a los 500 mil pesos con entidades financieras, lo que tornaba improbable que, en esa condición de deudor, le cediera dinero a su yerno. En este sentido, Asuntos Internos descartó con un informe documentado que el incremento patrimonial de C.R.G. obedeciera a donaciones del suegro.
El oficial, según el sumario administrativo de Asuntos Internos, no pudo justificar cómo había adquirido un departamento en calle Santiago, luego cancelando la hipoteca para comprar una vivienda en Funes, y la compra de un Peugeot 206 y una camioneta Chevrolet Zafira.
Quien había denunciado a C.R.G., lo cual impulsó la investigación patrimonial, era Slawomir Andrzej Polus, una persona condenada por narcotráfico. Este caso se inscribió en el juzgado de Instrucción Nº 3 y el 22 de marzo de 2010 se dictó el sobreseimiento luego de cuatro años de trámite. La fiscal interviniente fue la Nº 7.
Sin indagar. Otra causa en vigencia es la que se abrió en 2006 en Asuntos Internos al comisario principal D.G.M., que derivó en la iniciación de una causa judicial dos años después en el juzgado de Instrucción Nº 8 a cargo de Juan José Pazos. La dependencia investigativa de los policías determinó que este oficial no pudo justificar los fondos necesarios para adquirir una vivienda en Casilda y un vehículo Citroën Xsara SX. Este caso inicia su cuarto año en los tribunales rosarinos y aún el policía en cuestión no fue llamado a indagatoria.
También está abierta desde 2008 en los tribunales locales una causa contra el sargento J.L.R. luego de que se abriera un expediente en Asuntos Internos a inicios de 2007. Eso ocurrió luego de que esa dependencia definiera que no estaba justificado el incremento patrimonial del policía señalado. El caso tramita actualmente en Instrucción Nº 12 e interviene la fiscalía 8ª.
Categoría. También está en marcha judicial desde 2009 la investigación por la situación patrimonial de un comisario general que fue jefe de una unidad regional, J.A.Q. Según Asuntos Internos, este oficial superior retirado no pudo justificar los fondos necesarios para la adquisición de varios inmuebles entre los que se destaca un departamento de categoría en la zona vecina a la sede del Distrito Centro.
La repartición policial señalaba que el oficial señalado había justificado el valor de esos bienes con una tasación inferior al valor de mercado en el momento de la compra. El caso está en el juzgado de Instrucción Nº 4 y con la actuación de la fiscalía 2ª. Hasta el momento, van tres años de trámite, J.A.Q. no fue llamado a indagatoria.
Ocho años. El caso más citado públicamente hasta ahora es el del comisario mayor retirado H.G. que lleva ocho años en trámite en el juzgado de Instrucción Nº 10. En este caso Asuntos Internos dictaminó que el oficial tiene un acervo de bienes mucho mayor al que pudo basar en ingresos acreditados.
Y una pericia contable de la Corte Suprema señaló que, además del enriquecimiento ilícito presunto, el policía falseó u ocultó datos en su declaración jurada de ingresos para justificar la supuesta incongruencia entre posesiones y entradas lícitas. El caso iba al cierre dado que una jueza dictó el sobreseimiento de H.G., pero la Cámara Penal lo revocó y ordenó la continuidad de la investigación.
