El gobierno de Estados Unidos realiza una operación de monitoreo a gran escala de las comunicaciones telefónicas de millones de ciudadanos. Un tribunal autorizó la operación secreta y la medida es conocida por los tres poderes políticos del Estado. La información, dada a conocer por un diario británico, provocó la reacción de grupos de defensa de los derechos civiles. La práctica está vigente desde hace al menos siete años, según reconoció una legisladora demócrata. La Casa Blanca admitió la existencia del programa y lo defendió, argumentando que la revisión de los registros telefónicos de los usuarios es una importante herramienta en la lucha contra el terrorismo y que se realiza con respaldo legal y judicial. Además, aseguraron, no se escucha n las conversaciones, sino que se registran datos como duración de las llamadas y teléfonos a los que se llama.
El diario británico The Guardian fue el que destapó el caso. The Guardian informó que un juez ordenó al operador telefónico Verizon, uno de los mayores de EEUU, proporcionar diariamente a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) información sobre todas las llamadas telefónicas en su sistema, tanto dentro de Estados Unidos como entre éste y otros países.
El diario citó una orden judicial secreta emitida en abril, de la cual obtuvo una copia, que reprodujo online. “El documento muestra por primera vez que bajo el gobierno de Obama se recogen indiscriminadamente y en grandes cantidades los registros de comunicaciones de millones de ciudadanos estadounidenses, independientemente de que sean o no sospechosos”, señaló The Guardian. Según una fuente gubernamental de alto nivel citada por el diario The Washington Post, la orden judicial secreta “no permite al gobierno escuchar ninguna llamada”, sino sólo tomar conocimiento de lo que el funcionario llamó “metadata”, “como un número telefónico o la duración de una llamada”. Esa información es “crítica para proteger a la nación de amenanzas terroristas”, aseguró. El funcionario dijo que “las tres ramas del gobierno están involucradas en la revisión y autorización de esta reunión de inteligencia”, bajo secreto judicial. El Congreso es “regular y plenamente informado” sobre el uso de esta información, agregó. Dianne Feinstein, jefa de la comisión de inteligencia del Senado, comentó que la orden judicial secreta para Verizon se ha implementado desde hace siete años. “La gente quiere mantenerse segura”, argumentó Feinstein.
Se trata de la mayor operación de vigilancia ordenada por el Estado. Se confirman asimismo sospechas de larga data de las organizaciones de derechos civiles sobre el rol que juegan los grandes comercializadores de comunicación bajo las leyes de emergencia nacional autorizadas después del 11 de septiembre de 2001. Según The Guardian, la orden judicial de este caso requiere la entrega de los números telefónicos de ambas partes de la comunicación, la localización y duración de la llamada, así como la hora e identificación. En cambio, no requiere los contenidos de la conversación. El diario confirmó así lo afirmado por funcionarios gubernamentales. La Foreign Intelligence Surveillance Court fue el tribunal que otorgó la orden el 25 de abril, por un período de tres meses que culmina el 19 de julio. Se trataría de una renovación rutinaria (ver recuadro).
Las reacciones críticas no tardaron. “Se trata de un programa en el que un número no especificado de gente inocente es puesta bajo el control permanente de agentes del gobierno”, comentó Jameel Jaffer, subdirector legal de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU). “Esto trasciende lo orwelliano y es otra prueba de hasta qué punto los derechos fundamentales son secretamente sometidos a las exigencias de agencias de inteligencia sin control”, agregó. El ex vicepresidente demócrata Al Gore, en Twitter concordó: “En la era digital, la privacidad debe ser una prioridad. ¿Me parece a mí o este manto secreto de control es obscenamente ultrajante?”
Electronic Frontier Foundation (EFF), grupo sin fines de lucro sobre derechos en el área digital, confirmó que el “monitoreo generalizado doméstico” se realiza desde hace al menos siete años, cuando George W. Bush ocupaba la presidencia. “Es muy probable que órdenes de registro como estas existan para todas las grandes empresas estadounidenses de telecomunicaciones, lo que significa que si usted hace llamadas en Estados Unidos, la NSA tendrá esos datos”, agregó la ONG. No hubo reacciones de Verizon, que junto a AT&T, Sprint y T-Mobile, son los mayores operadores telefónicos del país.