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En Brasil, la fiscalía imputó a 35 personas por el escándalo Petrobras

Existió "un gigantesco esquema criminal", que dañó por millones de dólares a la estatal petrolera de Brasil, dijo el fiscal del caso.

Viernes 12 de Diciembre de 2014

El Ministerio Público de Brasil elevó a la Justicia un detallado informe con numerosas imputaciones por delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal contra 35 personas, entre ellas un ex director de la petrolera estatal Petrobras y propietarios y altos ejecutivos de grandes constructoras nacionales, como OAS, Camargo Correa y Mendes Júnior. El caso Petrobras, que está erosionando tanto a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff como a las finanzas de Petrobras, escaló de esta manera otro peldaño. Al presentar la acusación, el fiscal del caso, Deltan Dallagnol, habló de "un gigantesco esquema criminal", que según la prensa costó al menos 4.000 millones de dólares a las arcas de Petrobras. Muchos de estos 35 imputados ya han pasado por la cárcel, pero otros fueron liberados por el juez.

Estas 35 personas ahora imputadas sólo son las primeras en serlo dentro de las investigaciones sobre la red de corrupción que desvió miles millones de dólares de Petrobras y que estuvo activa, al menos, entre 2004 y 2008, durante los gobiernos de Lula da Silva. En esa época Rousseff era titular del consejo de admnistración de Petrobras, lo que la pone en "zona de peligro" y erosiona su hasta ahora impoluta imagen.

Las imputaciones elevadas por la fiscalía al juez federal Sergio Moro, del estado de Paraná, reflejan la primera parte de un proceso de investigación que, según admitió el procurador general de la República, Rodrigo Janot, será largo. "Este es el comienzo de todo. Estamos lejos del final, pero ya se puede entender que esas personas les robaron a los brasileños su orgullo", disparó Janot, quien viajó a la ciudad de Curitiba para dar su respaldo personal a las investigaciones conducidas por el Ministerio Público de Paraná. Todo un gesto, dirigido al establishment empresario y a la clase política, las dos grandes imputadas en el caso Petrobras. Según el fiscal responsable del caso, Deltan Dallagnol, las investigaciones realizadas hasta ahora revelaron "un gigantesco esquema criminal", que involucraba a tres "núcleos": el de las empresas constructoras, que formaron un "cártel" para manipular las licitaciones realizadas por Petrobras; el de altos funcionarios de la petrolera estatal que cobraban sobornos; y el de los operadores dedicados a blanquear el dinero de la corrupción y hacerlo llegar a sus beneficiarios, cuyos nombres aún no han sido revelados.

Imputado estrella. Entre los imputados por la fiscalía está el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, quien firmó con el Ministerio Público un acuerdo de confesión premiada por el cual suministró informaciones clave sobre la red ilegal. Dallagnol aclaró que tan solo los sobornos pagados a Costa por las empresa totalizaron al menos 100 millones de dólares, pero esto es sólo una pequeña parte de los perjuicios dejados por la red de corrupción a la empresa estatal. "Les aseguro que todos los crímenes serán investigados y todos los responsables serán castigados", expresó el fiscal. Asimismo, el procurador general de la República prometió que las investigaciones seguirán "en forma equilibrada y responsable, pero muy firme, esta investigación llegará a su final". El pedido de la fiscalía ahora queda a consideración del juez Moro. Este liberó a 11 de los 24 detenidos por el caso en noviembre pasado.

EEUU sanciona a Caracas por ola represiva

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó una legislación para imponer sanciones a funcionarios del gobierno venezolano que hayan violado los derechos de los manifestantes durante la violenta represión de las masivas protestas ocurridas a principios de año, y que dejó un saldo oficial de 43 muertos. El presidente Barack Obama hizo saber que promulgará la ley apenas llegue a su despacho.

"No hemos permanecido en silencio, ni lo haremos, frente a las acciones del gobierno venezolano que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales y se apartan de las normas democráticas bien establecidas", declaró ayer en rueda de prensa Josh Earnest, portavoz de la Casa Blanca. Earnest aseguró que "la administración comparte las preocupaciones del Congreso y otros actores regionales e internacionales sobre la situación en Venezuela". El Senado aprobó la uniciativa el lunes y la Cámara de Representantes la ratificó por votación oral este miércoles, para enviarla a la Casa Blanca, donde el gobierno de Obama planea convertirla en ley mediante la firma presidencial. La medida contempla la denegación de visas y el congelamiento de activos de los funcionarios involucrados en la ofensiva contra los opositores políticos lanzada por el gobierno chavista durante los tres meses de protestas callejeras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Este arremetió contra la medida, calificándola de "sanciones insolentes imperialistas". El gobierno chavista practica un enfrentamiento constante con Estados Unidos, país que fue en el pasado su principal comprador de naftas y otros refinados, pero que ahora ha reducido progresivamente esas compras. El principal líder de la oposición, el gobernador Henrique Capriles, declaró que las sanciones de Washington no van dirigidas contra Venezuela, sino contra sus gobernantes. "Las sanciones de Estados Unidos son a grupo de enchufados (acomodados), no a Venezuela, y menos a nuestro pueblo. Que los enchufados se defiendan solos", escribió Capriles en Twitter. Maduro, apelando a su habitual retórica antiimperialista, dijo que "los gringos dicen que van a sancionar a Venezuela. A Venezuela no la sanciona nadie, porque nuestro pueblo decidió ser libre y va a ser libre, pase lo que pase, con sanción o sin sanción, con gringos, godos o malandrines". Agregó que al "pueblo de Venezuela no lo pone de rodillas nadie y yo llamo al combate a las mujeres, a los hombres, a la juventud, a la fuerza armada bolivariana por la dignidad de Venezuela". Maduro enfrenta una creciente impopularidad, dado que el país pasa por la peor crisis económica desde que en enero de 1999 el fallecido Hugo Chávez subió al poder.

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