Es como en las presentaciones de ciertos músicos populares: el público se acomoda sabiendo cuáles serán las canciones, cómo se cantarán y con cuáles cerrará el show. De modo parecido, periódicamente aparecen denuncias sobre ilícitos económicos policiales, a lo que siguen acciones de la Justicia y causas que van a dar al archivo.
  Pero en un plano distinto del musical los repertorios repetidos crean escepticismo y desacreditan a las instituciones. En medio del relato sobre causas que nacen y mueren sin novedades, una amplia franja de público, nada más que por vivir aquí y ahora, está al tanto de que hay oficiales que ostentan bienes cuyo origen es difícil explicar por sus ingresos como funcionarios medios. Ante eso, hasta ahora, no apareció nunca en un fallo un planteo de un solo caso que revelara que  prosperidad a menudo tan visible haya tenido origen non sancto.
  El caso del comisario Aldo Monzón repone esta cíclica discusión, aunque su nombre debe ser preservado. Así tengamos la denuncia de una jueza, no hay evidencia, hasta ahora, de lo que le atribuyeron. No es cuestión de sensaciones ni de simpatías hacia éste o aquél, sino de hechos acreditados. Sin pruebas en contra, en un proceso legal nadie es culpable de nada.
  Apartemos, entonces, a Monzón de esto. Aún así hay acciones económicas ilícitas de policías y patrimonios que crecen.
  Hay una acción clave para desalentar la corrupción: el control administrativo del enriquecimiento ilícito. Hacerlo es arduo y demanda mucha gente. Un decreto provincial de enero de 2004 impuso a todos los policías santafesinos presentar su declaración jurada de bienes. Se les reclamó entonces entregar a la Escribanía Mayor de la provincia el detalle de sus posesiones muebles e inmuebles, alhajas, cuentas bancarias, sociedades y emprendimientos. La mayoría de los policías, está claro, están lejos de tener algo de eso. Pero otros sí tienen.
  La cuestión es que vigilar que no crezca ilícitamente el patrimonio hasta cuarto grado de parentesco, como se ideó para limitar las trampas con prestanombres, implica contar con un ejército de personal civil, que no existe, puesto a controlar. Y no controlar implica alimentar la apatía de quienes ven perdurar las cosas como están. ¿Cómo salir del embrollo? La respuesta está primordialmente en los tres poderes del gobierno provincial. Y en las instancias civiles que quieran ayudar con ideas para evitar que con el desprestigio institucional nos hundamos todos.