Cuando habían transcurrido tres horas de la audiencia de apelación de su condena a prisión perpetua, el verdulero Martín Roberto Santoro rompió el silencio en el que había permanecido el año pasado a lo largo del juicio por los llamados crímenes de barrio Parque. "Me pongo mal porque hace cuatro años que estoy detenido. Maldigo la hora que agarré de hacer un flete que no me hacía falta. Yo no maté a nadie", retumbó la voz quebrada del acusado, en medio de un clima de emotividad y tensión que hizo saltar desbordado de su asiento a su padre Roberto, lo que puso fin a la medida judicial.
La audiencia se desarrolló ante el tribunal integrado por Carina Lurati, Guillermo Llaudet y Alfredo Ivaldi Artacho a raíz de la apelación de los abogados de Santoro, Raúl Superti y Rafael Tamous. Cuestionaron el fallo dividido que en diciembre pasado condenó al verdulero a perpetua por los asesinatos de tres ancianos. Con fuertes objeciones a la investigación y planteos de nulidad, los abogados presentaron sus objeciones que fueron contestadas por la fiscalía y la querella.
Así transcurrieron tres horas de disquisición jurídica hasta que la jueza Lurati, como es usual al término de las audiencias, le ofreció al imputado la oportunidad de hablar. Y le aclaró que no necesariamente debía hablar sobre la causa, sino que podía explayarse sobre sus aspiraciones o de cómo era su vida antes de caer en prisión preventiva.
Humildad y emoción. "A mí me gustaría hablar pero ellos fueron más claros. No tengo el vocabulario. En la prisión terminé el secundario pero no tengo estudios de abogado", dijo Santoro, al principio remiso a expresarse. Lurati le explicó que de las cuestiones técnicas ya se habían encargado los profesionales y que podía hacer uso libre de la palabra. "Me pongo mal —comenzó a decir Santoro y se le quebró la voz— porque hace cuatro años que estoy detenido. Maldigo la hora que agarré de hacer unos fletes porque no me hacía falta, pero alguna estupidez tenía que hacer".
El muchacho había declarado antes en la instrucción de la causa y entonces negó haber cometido los crímenes. Aquella vez dijo que sólo tenía las cosas robadas a las víctimas en su casa porque se dedicaba a hacer traslados de mercaderías sustraídas en robos tipo hormiga a la fábrica Gafa y que esas personas, a quienes nombró, le habían dejado unas bolsas con los objetos, entre los que había instrumentos musicales y perfumes.
Ayer, cuatro años después, dijo que a pesar de que intentó colaborar y dio nombres de otros implicados terminó imputado él. "Lo único que hacía era trasladar las cosas de Gafa en el camión de mi viejo. Yo no maté a nadie", dijo. Y, sin nombrarlos, se dirigió a los vecinos de barrio Parque presentes en la sala: "No lo puedo creer. Son gente que conozco de toda la vida. Me conocen de cuando era chiquito, los atendía en la verdulería".
Sin contención. Santoro habló llorando en medio de un silencio sepulcral en la sala y su padre, sentado en primera fila entre el público, no pudo contenerse: "Explicá. Es una injusticia. Decile todo". Y el muchacho dijo: "Discúlpeme su señoría que me puse mal pero hace cuatro años que estoy detenido, esperanza contra esperanza. Si quieren encontrar un culpable estoy acá: nunca me drogué, nunca robé, no tengo antecedentes. Maldigo la hora que hice un maldito flete. Nunca le di motivo a nadie para que hablen de mí. Una persona que diga que yo le hice algo y no hablo nunca más".
En ese momento Santoro padre ya no pudo contenerse y, entre la bronca y la angustia, saltó de su banco y comenzó a gritar marcando el final de la audiencia. Los jueces decidirán si confirman o no la sentencia antes de la feria invernal.
Santoro está condenado a prisión perpetua por los homicidios de Susana García y Concepción Lavore, dos vecinas de barrio Parque, y del locutor jubilado de Zavalla José Savini, los tres asesinados en robos a sus viviendas en 2010. Los jueces Juan José Tutau y María Isabel Mas Varela lo condenaron en diciembre como autor de tres homicidios criminis causa (cometidos para robar) mientras que la jueza Roxana Bernardelli votó en disidencia por la absolución.
En su apelación, Superti cuestionó una serie de "actos ilegales" de la investigación por los que pidió que se anule la sentencia y se absuelva a su cliente. También pidió que se revoque la sentencia por haber sido arbitraria y "dictada a espaldas del juicio". Dijo que el allanamiento y las escuchas a Santoro no estuvieron fundados y objetó al testigo Pablo Rojas (que primer estuvo implicado en la causa y luego sobreseído).
Sostuvo que, en vinculación con la policía, este testigo "actuó para preconstituir prueba" contra su cliente. Habló de casetes no autenticados, filmaciones sin protocolo y de que contra Santoro se montó "una emboscada" y "un gran entramado de trampas y mentiras" para incriminarlo.
El fiscal Guillermo Camporini respondió que las medidas de prueba fueron dirigidas por un juez con "sobrados motivos" y que las desprolijidades formales son propias de que "vivimos en Argentina". Recordó que el muchacho usaba un celular robado a García. "Se quiere poner que Santoro era un mero transportista encubridor y en la casa estaba siendo utilizado un equipo de música de las víctimas", dijo, y mencionó que el muchacho negó haber estado en Zavalla pero las antenas de su celular lo ubicaron allí el día del crimen. Luego el querellante Ignacio Carbone, por la familia de García, reclamó que se confirme el fallo.