El titular de la flamante Procuraduría Adjunta en Narcocriminalidad (Procunar), Felix Crous, definió que en el sistema judicial argentino "la mala praxis es lo habitual". En una entrevista exclusiva con LaCapital, y tras participar de un encuentro con la intendenta y ediles de la ciudad (ver aparte), el fiscal consideró que "Rosario está hoy por encima del resto del país en criminalidad. Esto surge de la información dura, los delitos, y también de la percepción de otros factores. En Rosario hay dominio de territorio por parte del delito y degradación de la vida comunitaria. La paradoja es que los juzgados provinciales no quieren desprenderse de los homicidios o los juzgados federales no quieran tomarlos por un presunto desbalance del trabajo. Es una insensatez de los formalismos forenses".
—¿Qué le dejó la reunión con la intendenta y los ediles rosarinos?
—Recibimos una cantidad de apreciaciones que son de utilidad y vimos qué tan productivos podrían ser algunos pasos a seguir.
—Por momentos, el gobierno provincial insinúa la tesis de que la crisis narcodelictiva en Rosario estaría siendo incluso fogoneada por la Casa Rosada para atacar al socialismo. ¿Complejiza la tarea conjunta ese contexto político?
—Lógicamente que es una situación compleja que se prestará para muchas lecturas. Nosotros tenemos un lugar institucional que nos deja a salvo de esto, porque somos un organismo ultrapoder. Y respondemos por la calidad de la intervención nosotros mismos.
—¿Cuáles son las dificultades principales que enfrenta la nueva Unidad contra la Narcocriminalidad?
—Por lo pronto, vemos dificultades importantes en la dinámica del Poder Judicial en Rosario. Problemas serios para unificar las causas, dentro de la Justicia federal, y entre la Justicia local y la federal. Esto significa un problema para nosotros porque no somos una agencia de seguridad, nosotros intervenimos sobre el Poder Judicial.
—¿Hay sospechas de mala práctica en el sistema judicial?
—El sistema judicial ha hecho de la mala praxis su forma de obrar. Esta semana, un sector de los involucrados para cambiar esto estaremos dando un debate (27 y 28 de febrero, en la Biblioteca Nacional de Buenos Aires). El sistema judicial por lo general llega siempre tarde para resolver los problemas, y esto se sumo a un problema previo, que es determinar el estado de sanidad de los distintos estamentos estatales respecto del delito narco.
—Otro elemento que suele plantearse en Santa Fe es si la policía provincial tiene o no responsabilidad primaria en la lucha contra el delito narco. ¿Cómo lo ve?
—Para nosotros no es un tema en debate. Al margen de la retórica y los discursos, nosotros sabemos quién tiene la responsabilidad de intervenir. Todos, el que está más cerca y el que está más lejos. Decir que la policía de Santa Fe no tiene responsabilidad para la regulación del delito de narcotráfico no es cierto. Si no, ¿para qué tiene una división de narcocriminalidad entonces?
—Desde que se desencadenó la renuncia del ex jefe policial Hugo Tognoli, otro debate en Santa Fe fue si las agencias nacionales de investigación debían avisar o no a las autoridades provinciales que estaban investigando a un alto funcionario. ¿Cómo se debe actuar en ese caso?
—La inteligencia es secreta, se rige por una ley nacional. La policía provincial no puede hacer inteligencia por fuera de una causa judicial. El único organismo que puede hacerla es la Secretaría de Inteligencia. Si la policía tiene una información la tiene que judicializar. ¿La policía de Santa Fe pretende tener una inteligencia autónoma? Eso no se puede. Por lo demás, las agencias que por ley pueden hacer inteligencia no pueden compartir la información, salvo con otras agencias también autorizadas. El gobierno provincial no puede pretender que "le avisen", sería ilegal.
—¿Qué efectos podría producir la intervención de la unidad que usted preside?
—Hay que decir que nada de lo bueno que se haga en lo inmediato será producto de nuestra intervención. Somos una unidad de gestión estratégica, de intervención selectiva. No seremos nosotros los responsables de la detección de un cargamento de drogas. Nuestra tarea es mejorar la calidad de trabajo de los fiscales.
—¿Qué valoración hace sobre elementos de denuncia de presunta connivencia con el delito que incluso alcanzarían a un funcionario del gobierno provincial, y que se cursan ante el juez Sergio Torres de la Capital Federal?
—Son variables de las investigaciones complejas. Es una hipótesis más. La narcocriminalidad es un fenómeno que atraviesa todos los segmentos y tiene una capacidad de corrupción enorme por tratarse de un negocio de altísima rentabilidad. Desde luego que cuando mayor es el compromiso de distintos estamentos del Estado con este delito es más preocupante.
