Diego de Alvear es un pequeño pueblo del sur santafesino, ubicado justo en el límite con la provincia de Buenos Aires, en el departamento General López. Ahí, en cercanías de la laguna La Picasa, unos 2.000 vecinos viven alejados de los temores cotidianos de las grandes urbes. Pero el lunes 23 de febrero pasado esa sensación de seguridad se quebró. Al menos tres hombres armados coparon una casa durante media hora y, tras maniatar a cuatro personas —dos de ellas menores—, robaron 7 mil pesos en efectivo. La policía detuvo a tres sospechosos por ese robo y el juez de Instrucción de Rufino, Omar Guerra, procesó a dos de ellos. Pero tras pagar una fianza de mil pesos y echando mano al "código procesal de transición" que rige en la provincia (ver abajo) los dejó libres pero afectados al proceso.

"La verdad es que no entiendo. Antes de que el miércoles pasado estos hombres salieran libres recibimos amenazas por teléfono. Yo hablé con el juez Guerra y le pregunté: «Si a mi familia o a mí nos pasa algo, ¿usted se va a hacer responsable? Y me contestó que «responsable es el Estado»", comentó Claudia Millich, una de las víctimas del robo. La mujer vive en Diego de Alvear, a 250 kilómetros de Rosario y a 5 kilómetros de la ruta nacional 7, desde hace tres años. Es maestra de la escuela primaria 174 y está en pareja con Daniel Sagardía, de 49 años, quien es dueño de tres camiones.

Sólo la plata. La casa de Claudia y Daniel está ubicada en la esquina de España y Mendiluce, a dos cuadras de la plaza principal del pueblo y centro neurálgico de la comuna. La vivienda de una planta ocupa toda una esquina, donde además la familia tiene un cíber y una pequeña tienda, y poseé ingresos por ambas calles.

Según lo que Claudia relató a LaCapital, el lunes 23 de febrero a las 14 estaba en su casa junto a su esposo, una hija de 15 años y un alumno particular de 14. A esa hora dos hombres golpearon las manos por la puerta de calle España y cuando Daniel salió a atender lo encañonaron con armas de fuego y lo empujaron hacia el interior del domicilio.

"Nos llevaron a todos a la cocina y nos hicieron tirar al piso", explicó Claudia. "Mi hija estaba durmiendo y uno de los ladrones —que llevaba un casco amarillo y antiparras para soldar— la despertó y la condujo hasta donde estábamos todos"; rememoró.

La familia vio a tres maleantes, dos de ellos a cara descubierta, y todos armados con pistolas. "Sólo querían dinero", dijo Claudia, y recordó que "no golpearon a nadie pero nos presionaron psicológicamente y uno de ellos dijo que si no le dábamos la plata se iba a llevar a mi hija". En un momento del atraco, uno de los ladrones "se llevó a Daniel a la habitación y otro me dijo que me iba a matar y que nadie iba a escuchar porque tenía silenciador".

Los ladrones estuvieron 30 minutos en la casa. Se llevaron 7 mil pesos, alhajas, objetos de electrónica y las llaves de los camiones. Cargaron todo en el auto de la familia, un Peugeot 206 que apareció abandonado en un camino de tierra en cercanías de San Gregorio, 8 kilómetros al sur del pueblo, dos horas después del atraco.

La familia quedó maniatada con precintos y encerrada en el baño de la vivienda. "A patadas rompimos la puerta placa y salimos a pedir ayuda a una vecina. La mujer pensó que era una broma", explicó Claudia. Presa del miedo, las víctimas dela asalto se fueron del pueblo y regresaron recién el miércoles 4 de marzo. Ese día vieron rondar por la zona un Peugeot 206 color dorado, un auto que algunos testigos también vieron el día del robo a los Sagardía.

La familia advirtió de la presencia del vehículo a la policía y un oficial de la subcomisaría 6ª de Diego de Alvear, detuvo a los tres ocupantes del rodado. Fueron identificados como Juan Carlos C., de 38 años; Julián Adrián Bernardi, de 37 años y Marcelo Sava, de 33 años, todos oriundos de Venado Tuerto, aunque el primero residió en el pueblo durante dos años.

Bajo fianza. Según relató Claudia, los detenidos quedaron a disposición del juez de Instrucción de Rufino, Omar Guerra, quien el miércoles pasado dictó la falta de mérito para Juan Carlos C., y procesó a Bernardi y Sava como "presuntos autores de robo calificado y privación ilegítima de la libertad agravado por el uso de violencia". Tras un pago de 1.000 pesos cada uno, el magistrado los excarceló aunque quedaron afectados al proceso.

Consultadas fuentes policiales de la Unidad Regional VIII, con asiento en Melincué, dijeron que los procesados son maleantes conocidos en la calle como escruchadores, es decir delincuentes que ingresan a robar a una casa cuando no hay gente dentro. "A ellos los agarraron a una cuadra y media de mi casa en el 206 color dorado. Todavía tenían adentro del auto la llave de uno de los camiones de mi marido, que quedó incorporada a la causa como prueba", explicó Claudia.

Finalmente, la mujer dejó trascender la sensación que viven desde aquel momento: "Estamos muy asustados, nos llaman por teléfono para que cambiemos la declaración —Claudia reconoció al menos a uno de los detenidos— y nos dicen que uno de ellos es un pesado de Venado Tuerto que tiene muchas influencias. La verdad es que yo no sé qué pensar. Estas son cosas que en este pueblo no pasaban. Y estos tipos están en la calle. Tenemos mucho miedo".