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El Senado provincial tiene hoy en sus manos las "llaves" de La Calamita

En su última sesión ordinaria, será uno de los temas trascendentes para la región. En la Cámara de Diputados, en tanto, debatirá el polémico proyecto de ley de agrotóxicos.

Jueves 27 de Noviembre de 2014

En su última sesión ordinaria, la Legislatura provincial estará colmada dentro y fuera del recinto con decenas de defensores de los derechos humanos, que reclaman al Senado el tratamiento y sanción definitiva del proyecto de ley de expropiación de la quinta privada La Calamita, donde se estima fueron torturadas y asesinadas al menos un centenar de víctimas de la última dictadura militar. Hay cifradas expectativas de que esta vez prospere la iniciativa presentada el año pasado por la diputada Alicia Gutiérrez, teniendo en cuenta que sería la quinta vez, desde 2003, que se aborda y fracasa en la Cámara alta. Este día será crucial también en la baja, donde se espera que se le dé media sanción a la ley de agroquímicos.

Desde las 10 de la mañana, cuando se espera que la comisión de Asuntos Constitucionales de los senadores dé cabida a la propuesta de declarar "de interés general y sujeto a expropiación el inmueble" ubicado en Eva Perón 1530 de Granadero Baigorria, donde funcionó uno de los 350 centros clandestinos de detención de todo el país y uno de los cinco del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario, estará acampando frente al Palacio Legislativo un numeroso grupo perteneciente a Documenta Baigorria, una agrupación que promueve la recuperación de la memoria popular sobre el accionar del terrorismo de Estado en la última dictadura militar.

Hasta la tarde, cuando se celebre la sesión, "nos vamos a instalar con carteles y un gacebo frente a la Legislatura, donde se distribuirá material de difusión de lo que pasó en La Calamita", adelantó a La Capital María Celia Fernández, miembro de la organización y pionera en la lucha de la expropiación del predio de unas 10 hectáreas, donde se presume que están enterrados los cuerpos de varios desaparecidos, entre ellos, embarazadas cuyos destinos y el de sus bebés nacidos en cautiverio sigue siendo investigado por Abuelas de Plaza de Mayo.

Ejecución. "Esperamos que no sólo se sancione la ley sino que se ejecute, que el Estado decida expropiar. Hay que terminar con esta situación, que es increíble que suceda después de tantos años de democracia. En La Calamita está todo por construirse: debido a que no se toman medidas no ha sido posible que el Equipo Argentino de Antropología Forense pueda ingresar al lugar, pese a que hay testigos de juicios que lo han reconocido", se lamentó Fernández.

Sólo una vez este grupo de investigadores pudo ingresar y escavar sólo una pequeña porción de la finca a través de una medida cautelar, a partir de las declaraciones del represor Eduardo "Tucu" Constanzo, quien indicó el lugar donde había una víctima enterrada. Sin resultados, la disposición cayó, pese a numerosos testimonios de testigos y condenados en la causa Guerrieri II.

De convertirse en ley, la propuesta contempla la construcción de un museo en el casco de la quinta, propiedad de la familia Benzadón. "Es preciso construir allí un sitio de la memoria: lo merecen todos los compañeros que fueron torturados y que murieron en ese lugar", agregó la militante.

"Tengo la esperanza de que se apruebe", dijo ayer a este diario la autora del proyecto, Alicia Gutiérrez, que ya lo había presentado en 2008 y 2010, pero no prosperó al perder estado parlamentario en la Cámara alta. Gutiérrez tuvo antecesores en su causa: los diputados Eduardo Di Pollina, quien impulsó una iniciativa similar en 2003 y Alfredo Cecci, quien la reflotó en 2005, pero ambos corrieron la misma suerte truncada. El texto que hoy se espera se sancione se fundamenta en el interés de "preservar la memoria colectiva de aquellos sitios en que se materializaron aberrantes violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del Terrorismo de Estado".

La Calamita es uno de los cinco centros clandestinos del circuito represivo del Batallón de Inteligencia 121 de Rosario. Pascual Guerrieri (ex agente del Batallón inteligencia 601 y jefe del centro clandestino de detención Quinta de Funes) eligió esta quinta como centro de tortura y detención bajo la órbita del 2 Cuerpo de Ejército, cuyos jefes eran Leopoldo Galtieri y Genaro Díaz Bessone, con el fin de desarticular la columna norte de Montoneros y detener a militantes del ERP y delegados de fábrica del cordón industrial. Por encontrarse dentro del departamento Rosario, la estancia de Baigorria estaba dentro del radio de actuación de la Unidad Regional II de policía.

Agroquímicos, la otra ley que se espera hoy en la Legislatura

(Por Luis Emilio Blanco / La Capital). _ La Cámara de Diputados santafesina trataría hoy —durante la última sesión del año— el proyecto modificatorio de la ley 11.273, llamada de fitosanitarios. Su paso al recinto, con preferencia para su tratamiento, se dará luego de obtener dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Constitucionales, un trámite que los impulsores de la iniciativa dan por descontado. Ya es el tercer año consecutivo que desde diversos sectores se propician cambios a la ley que regula, entre otros puntos, el uso y aplicación de agroquímicos y las distancias que se deben respetar respecto de poblados, cursos de agua y otras zonas sensibles.

Convencidos de que en esta oportunidad el proyecto no perderá estado parlamentario, las organizaciones ambientalistas, gremiales y vecinos afectados por el uso masivo de pesticidas agrarios y la falta de controles aguardan que tras aprobarse en Diputados, la ley pueda ser tratada en sesión extraordinaria por la Cámara de Senadores.

El proyecto modificatorio fue presentado por el diputado José María Tessa, y lo avalaron sus pares Oscar Urruty, Pablo Divert, Santiago Mascheroni y Gerardo Rico en conjunto con la Multisectorial Paren de Fumigarnos.

Incertidumbre. Los ambientalistas insisten con que "hace dos años que se está batallando para que tengamos una ley que nos ampare de las fumigaciones y llegamos al final con la incertidumbre y angustia de que nuevamente pierda estado parlamentario una legislación que debería ser política de Estado".

Al mismo tiempo en que los diputados presentaban el proyecto de modificaciones, desde la Cámara baja se impulsó otro proyecto de minoría que a juicio de los interesados "era mucho más permisivo", especialmente porque pretendía disminuir restricciones, especialmente en cuanto a las distancias permitidas para fumigar cerca de las poblaciones.

Entre los puntos más destacados el proyecto propone prohibir la aplicación de químicos agrarios con métodos terrestres en una distancia menor a 800 metros de zonas pobladas, escuelas, caseríos y cursos de agua; restricción total de aspersiones aéreas en toda la provincia y expresa la prohibición de utilizar agroquímicos en los silos ubicados en inmediaciones de ejidos urbanos.

A través de un intenso trabajo en el que se volcaron aportes científicos y técnicos, las instituciones condensaron los fundamentos de un proyecto integral y revelador del riesgo que implican estas prácticas y, en muchos casos, la prueba directa de su relación con afecciones a la salud. Entre otros puntos, señalan como referencia el estudio realizado por el Ministerio de Salud provincial en el barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge.

La iniciativa también recoge elementos de juicio nacionales e internacionales que imponen prohibir las fumigaciones aéreas con agroquímicos no sólo por ser incontrolables sino porque sus residuos alcanzan distancias mensurables en kilómetros.

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