El Senado provincial convirtió en ley una nueva moratoria impositiva

El Senado provincial convirtió ayer en ley lo que ya es un clásico cada un par de años en Santa Fe: una nueva y amplia moratoria impositiva. Eso sí, también prevé un descuento del 5 por ciento en el 2013 en los impuestos inmobiliarios urbano y rural y en patentes para los contribuyentes cumplidores.

Como es habitual cada cierre de los períodos legislativos ordinarios, en una maratónica sesión en la que se agolparon una batería de proyectos de toda índole y color, el Senado aprobó una moratoria alcanza a las deudas de hasta un máximo de 5 millones de pesos y prevé planes de pago de hasta 36 cuotas. Para algunos tributos se estipuló como beneficio adicional la reducción de intereses y multas en un 100 por ciento cuando el pago se realiza de contado.

A diferencia de la morosidad y debates que concitó la reforma tributaria a lo largo de 2012, los rápidos beneficios aprobados por los legisladores a los deudores significan en la práctica una reducción real de la carga fiscal respecto a los contribuyentes cumplidores, debido a que los cálculos de intereses aplicados respecto a la inflación son menores al descuento para los pagadores.

Los legisladores, como viene siendo habitual, impusieron una moratoria a la cual se oponía el gobierno provincial.

El régimen de regularización tributaria incluye los siguientes impuestos, tasas y contribuciones provinciales: ingresos brutos, inmobiliario urbano, suburbano y rural, sellos, patentes, aportes sociales (ley Nº5.110), contribución de mejoras, a las actividades hípicas, tasa retributiva de servicios y aportes al Instituto Becario.

Quedan excluidos del presente régimen: Los contribuyentes con proceso penal abierto por delitos tributarios referidos a impuestos provinciales, los agentes de recaudación del sistema denominado Sircreb (por las retenciones o percepciones practicadas o no), los agentes de retención y/o percepción por los importes que hubieren retenido o percibido y que no fueron ingresados al fisco, por cualquier concepto y los planes de pago vigentes de regímenes de regularizaciones anteriores. "No pudiendo, a partir de la promulgación de la presente, declararse la caducidad de estos planes para acogerse al régimen creado por la presente ley", señala el proyecto.

Se encuentran comprendidas en el presente régimen, todas las obligaciones omitidas por los gravámenes mencionados aun cuando se encuentren intimadas, en proceso de determinación, en trámite de reconsideración o apelación ante el Poder Ejecutivo o ante la Justicia o sometidas a juicio de ejecución fiscal o incluidas en planes de facilidades de pagos formalizados en el marco de las resoluciones dictadas por la Administración Provincial de Impuestos (API) caducos o no o incluidas en regímenes de facilidades de pagos que hubiesen caducados los correspondientes beneficios.

"Las obligaciones fiscales que se regularicen por el presente régimen, se calcularán adicionando al monto del impuesto, tasa o contribución el 1 por ciento de interés simple mensual, calculado desde su fecha de vencimiento hasta la de su efectivo pago o formalización del convenio respectivo, más las multas correspondientes", explica en el artículo 5 del proyecto (ver aparte).

Cumplidores. La norma también faculta al Poder Ejecutivo para establecer un sistema de bonificaciones para aquellos contribuyentes que opten por cancelar el monto total anual, a partir del ejercicio fiscal 2013, de las cuotas no vencidas de los impuestos: inmobiliario, urbano, rural y patente, un descuento del 5 por ciento.

Para los que opten por el pago en cuotas, conforme fecha de vencimiento establecido para los respectivos períodos fiscales desde el 2013, adhiriendo al sistema bancario de débito automático en caja de ahorro o cuenta corriente, se fijará una bonificación sobre el importe de cada cuota de un 5 por ciento.

Las disposiciones del presente régimen de regularización entrarán en vigencia a partir del primer día hábil del mes siguiente al de su promulgación, por un término de 90 días corridos, facultándose al Poder Ejecutivo a prorrogar dicho plazo por un máximo de 30 días corridos.