El segundo de Zannini fue a Tribunales

Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, visitó ayer los Tribunales federales de Comodoro Py para interiorizarse sobre el estado de una de las denuncias en su contra por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública.

Liuzzi se presentó en la fiscalía a cargo de Miguel Angel Osorio, a fin de conocer el estado la denuncia que hizo el abogado Ricardo Monner Sans a partir de informaciones periodísticas, que daban cuenta que el funcionario estaba vinculado a la empresa Administradora de Conocimientos (Adconsa), a través de la cual contrajo contratos con el Estado que alcanzarían los 29 millones de pesos.

Se trata de compromisos para trabajos a la Secretaría de Legal y Técnica, al Boletín Oficial, a la Dirección de Administración de Sistemas (Dasi) y a la Dirección General de Administración (DGA).

Esa denuncia había caído en poder del juez federal Norberto Oyarbide, pero éste se excusó bajo el argumento que ya en 2012 archivó otra denuncia por negociaciones incompatibles con la función pública contra Liuzzi.

Así, la causa llegó al juzgado de Julián Ercolini, pero éste no aceptó la competencia y la devolvió a Oyarbide, al justificar que no tenía anclaje legal la decisión de su colega de excusarse por esos motivos.

Ahora, será la Cámara Federal la que determine qué juez se queda definitivamente con la denuncia, pero el fiscal firme es Osorio, en cuya fiscalía se presentó Liuzzi.

En la fiscalía le informaron al funcionario que no estaba en esa dependencia la causa por la denuncia de Monner Sans y que aún no había juez definitivo que la investigara.

Llamada bajo sospecha. Liuzzi quedó bajo la mira luego que el propio juez Oyarbide confesara que tras recibir un llamado del funcionario decidió frenar un operativo que había ordenado en una financiera, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

Según el dueño de la financiera allanada, Guillermo Greppi, los policías, que remarcaron actuar bajo las órdenes de Oyarbide, le pidieron un soborno de 300 mil dólares a cambio de frenar el operativo.

Por otra parte, días atrás el fiscal federal Patricio Evers pidió reabrir una investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Liuzzi, pero Oyarbide lo rechazó y fue apelado, por lo que será la Cámara Federal la que defina si lo hace o no.