En las últimas semanas el tema de las deudas externas ha vuelto a colocarse en el candelero de las finanzas y de la política internacional debido a un juicio de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que ha emitido una resolución en contra del gobierno de Argentina. Esta decisión evoca el profundo dilema que existe entre soberanía nacional y globalización financiera. Cuando un gobierno coloca deuda en los mercados internacionales, ofrece garantías de pago que comprometen a sus contribuyentes al pago a mediano o largo plazo. Sin embargo, al venderse los bonos públicos se convierten en títulos privados que pueden convertirse en determinadas circunstancias en objeto de gigantescas especulaciones que pueden desencadenar bancarrotas de los Estados deudores.
Recordemos que en 2011 y 2012, España, Portugal y Grecia estuvieron sujetos a este tipo de especulaciones por parte de bancos e inversores, quienes se beneficiaron de las abruptas subidas del premio (tasa de interés) de los bonos soberanos. En algún momento se temió que podría producirse una bancarrota soberana y, por consiguiente, el hundimiento de la moneda común, el euro. Fue la intervención de Mario Draghi, director del Banco Central Europeo, factor clave en disipar la burbuja de la especulación y el peligro de default. Pero el fantasma de la deuda sigue planeando y no tardará en regresar.
En el caso de América Latina, no pueden olvidarse la brutalidad y persistencia de las crisis de las deudas externas, tanto en los años de 1980 como en las crisis financieras de México en 1995, Brasil en 1998 y Argentina en 2001-2002. Cada una de estas debacles tuvo impactos económicos y sociales muy costosos y sus historias constituyen capítulos claves de la historia reciente de la globalización financiera.
La experiencia de Argentina al doblar el siglo fue de las más traumáticas. Hacia 2000 su gobierno comenzaba a hacer agua, y por ello solicitó un enorme rescate al FMI. Sin embargo, antes de concretarse, la confianza de los ahorristas e inversores se evaporó y comenzaron las retiradas de dinero a gran escala de los bancos argentinos. Con objeto de evitar el hundimiento de su administración, el presidente Fernando de la Rúa nombró a Domingo Cavallo como ministro de Economía en abril de 2001 pero su plan, conocido como el "Megacanje" de las deudas públicas, fracasó debido a la falta de confianza de todos los actores económicos y financieros. El pánico bancario siguió su curso hasta que el ministro estableció un control sobre los depósitos en los bancos que fue bautizado popularmente como el corralito. A partir de ese momento el gobierno ya tenía sus días contados y en diciembre cayó tras revueltas populares cada vez más extendidas.
No sería hasta la elección a la presidencia de Néstor Kirchner que comenzó a vislumbrarse un posible cambio de rumbo.
El nuevo gobierno tuvo la fortuna de contar con un aumento sostenido de las exportaciones agropecuarias pero igualmente importante fue su respuesta a la crisis financiera. Desde diciembre de 2001 el gobierno estaba en default sobre sus deudas, lo cual se debió en buena medida a la negativa explícita del FMI de activar el rescate. Para principios del año 2004, la deuda externa alcanzaba la estratosférica cifra de 178.000 millones de dólares. A partir de repetidos viajes a Washington, el ministro de Economía, Roberto Lavagna, con el apoyo muy firme de Kirchner, logró una reprogramación de las obligaciones con los principales organismos financieros multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID). Luego se negoció con los acreedores privados garantías de pago del servicio de los bonos externos a cambio de una reducción de su valor nominal que se estimaba en 100.000 millones de dólares en marzo de 2005: se alcanzó una quita de cerca de 55 por ciento, una de las mayores de la historia financiera internacional reciente.
Como consecuencia, Argentina fue marginada de los mercados de capitales internacionales pero durante los últimos diez años ha pagado el servicio acordado de la deuda de manera puntual todos los años, lo cual ya ha representado una transferencia de más de 100.000 millones de dólares a los tenedores de bonos y una reducción dramática de la deuda externa. Una pequeña porción de bonos que no entraron en el acuerdo fueron adquiridos por un par de fondos de inversión de los EE.UU que son conocidos como fondos buitre porque compran por centavos para luego tratar de cobrarlos a precios mucho más altos. Este negocio depende de la posibilidad de convencer a una corte de Nueva York de que las compras especulativas deben reembolsarse al ciento por ciento de su valor nominal. Esto es lo que ocurrió hace unas semanas a partir de la decisión del juez Thomas P. Griesa de la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York, que ha sido avalado por la instancia superior del sistema judicial norteamericano: en este caso, se sostiene que los reclamos de los especuladores serían de mayor valor jurídico que aquellos de un gobierno soberano.
Argentina ha respondido con dos estrategias complementarias. Por una parte ha ofrecido negociar con los fondos buitres durante este mes de julio, pero al mismo tiempo ha puesto en marcha una campaña política internacional para limitar los daños a su economía. Desde el lunes 7 de julio, el juez Griesa ha autorizado a un intermediario, el famoso abogado Daniel Pollack de Nueva York, para que supervise el proceso de negociaciones alucinantes en ciernes entre los especuladores y Argentina.
En primer término, ha logrado el apoyo de los gobiernos latinoamericanos, incluyendo los de Mercosur, así como una resolución de apoyo de la OEA. En segundo lugar, ha obtenido los apoyos de diversas instancias multilaterales, entre ellas, la Comisión Económica para América Latina (Cepal) y la agrupación de 77 países en Naciones Unidas conocida como G77. Pero, además, ha atraído la atención de dos grandes potencias, Rusia y China.
En resumidas cuentas, se trata de un episodio de geopolítica financiera de considerable impacto. Cabe preguntar: ¿cuál es el alcance de la soberanía de un gobierno y sobre todo de los contribuyentes en esta época de globalización financiera? Este es un problema medular que afecta a las democracias modernas.
El principio fundamental del gobierno parlamentario consiste en que el pago de los impuestos es la base de la representación política: por ello, la soberanía fiscal y por ende de los ciudadanos, merece una defensa mucho más visible y transparente que la de los intereses financieros privados. De ello depende en buena medida la supervivencia y la legitimidad de las democracias contemporáneas y, precisamente por ello, el debate sobre las deudas públicas no dejará de acrecentarse en el escenario nacional e internacional.
