El veto, esa herramienta legal y democrática a la que recurren los dirigentes gubernativos en muchos lugares del mundo, representa, en mi opinión, una medida autoritaria, déspota, desconsiderada y antipática. Es la descalificación a una determinación emanada en el seno del Congreso, de las Legislaturas provinciales o de los Concejos municipales. El veto cercena decisiones desconociendo a veces consultas, investigaciones y largos debates. Es como si el que ejerce el veto dijera: Señores, no me importa en absoluto el esfuerzo de ustedes; la sanción de esta ley no me conviene, de manera que borraré su aprobación con el poder supremo del veto al que tengo pleno derecho y a otra historia. Así de odiosa y prepotente aparece la tiránica opción del veto. Es cierto que con los dos tercios de los votos a favor de una ley, el Congreso, por ejemplo, puede refutar el veto ejercido, pero en general el mismo se aplica cuando la presidencia sabe que es imposible lograr esos famosos dos tercios. El profesor Edmundo Orellana dice que "el veto sirve para evitar el poder absoluto preservando así la libertad"; bella expresión retórica que no alcanza a encubrir la realidad de la aplicación de ese instrumento, que no es otra que su utilización por parte de un jefe de Estado, a quien le molesta la sanción de una ley que considera va en contra de su conveniencia. En las Naciones Unidas el asunto es más escandaloso, porque con la excusa del "principio de unidad de las potencias", cualquiera de los cinco países miembros permanentes puede frustrar "de un plumazo" el criterio unánime de las otras cuatro naciones. Es por eso que esa organización internacional en muchos asuntos no puede imponer la fuerza de una opinión mayoritaria que resolvería situaciones muchas veces trascendentes. El veto, que proviene del latín "vetare" y significa prohibir, debiera ser, precisamente, prohibido; erradicado de la faz de la democracia. A lo sumo debiera permanecer como potestad de la Suprema Corte de Justicia para aplicarlo ante la sanción de leyes anticonstitucionales. Creo que si algún día se aboliera el poder de veto, sería el final histórico de una actitud política disfrazada de legalidad.

Edgardo Urraco