El Parlamento griego aprobó anoche, tras un debate de dos días, el controvertido paquete de recortes que contempla entre otras cosas el despido masivo de empleados públicos. La ley recibió 153 votos a favor sobre 300 escaños, el número correspondiente a la suma de los diputados de la conservadora Nueva Democracia y el socialista Pasok, los dos miembros que componen el gobierno bipartito.
La aprobación del paquete de leyes es una de las condiciones para que Grecia, altamente endeudada, reciba el próximo tramo de ayudas internacionales. Se trata de 6.800 millones de euros, 2.500 de los cuales se cobrarán a fines de julio.
En una iniciativa sin precedentes, ya que supone el despido de trabajadores de la administración por primera vez en más de cien años, la aprobación de la denominada ley ómnibus era el requisito impuesto por la troika de prestamistas internacionales (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para desbloquear el primer tramo de una ayuda de 6.800 millones de euros, 2.500 de los cuales se cobrarán a fines de julio.
La mayoría precaria de que dispone el gobierno en la Cámara lo obligó incluso a retirar algunas disposiciones contenidas en la ley por la oposición que despertaban incluso entre sus propias filas, como la que garantizaba la inmunidad judicial a los consejeros del organismo de privatizaciones o la que preveía acciones disciplinarias contra los alcaldes que incurriesen en desviaciones de su presupuesto. Igualmente, como concesión previa a la votación parlamentaria, el gobierno dirigido por el conservador Andonis Samarás se comprometió a no despedir a aquellos policías municipales y guardas escolares que tengan título de máster o doctorado.
La ley incluye medidas que permitirán el despido de 4.000 funcionarios este año, parte de los cuales serán los trabajadores de la radiotelevisión pública ERT, con una plantilla de 2.656, y 11.000 el próximo. Además, unos 25.000 empleados públicos deberán entrar este año en el esquema de movilidad laboral por el que cobrarán un 75 por ciento de su salario base durante 8 meses mientras se decide si son recolocados o despedidos definitivamente.
Por el momento, se pasó a la reserva laboral a 2.200 guardas escolares —un oficio que desaparecerá—, unos 2.000 profesores y 50 funcionarios ministeriales. Hasta septiembre, recibirán la notificación 3.500 agentes de la policía local —cuyo cuerpo pasará a la historia—, unos 1.500 profesores, 2.000 empleados de ministerios y 1.250 de ayuntamientos.
Dentro de la ley ómnibus también se aprobó un nuevo código de impuestos que, según el viceministro de Finanzas, Yorgos Mavraganis, "simplificará y clarificará" la legislación existente.
Exentos de impuestos. Uno de los puntos que más polémica levantó es el hecho de que los representantes de "organizaciones internacionales" en Grecia, en alusión a las delegaciones de la Comisión Europea, Banco Central Europeo y el FMI que residen en el país, no pagarán impuestos. Por otro lado, se elevarán impuestos a "productos de lujo", un modo de recaudar más fondos de cara a la reducción del IVA de la restauración que busca el gobierno heleno a partir del 1º de agosto, con una baja del impuesto del 23 por ciento al 13 por ciento.
La votación ha sido la primera prueba para el nuevo Gobierno bipartito formado tras la salida del socio menor de la coalición, el centroizquierdista Dimar, en protesta por el fulminante cierre de la radiotelevisión pública ERT y los frenos conservadores al proyecto de ley antirracista.
Miles de afectados por los drásticos recortes se manifestaron en los últimos tres días en Atenas contra esta ley. Maestros y empleados de las comunas se encuentran bien arriba en la lista de empleados públicos a ser despedidos.