Si algo hacía falta para complicar el panorama son las declaraciones del gobernador Bonfatti, que ayudaron en gran forma a confirmar las dudas del ciudadano sobre la inocencia del poder político en el existencia del delito organizado. Nadie con uso de razón puede aceptar que un político que está en la función pública desde hace más de 10 años y los últimos cuatro ocupó el cargo de ministro de Gobierno, que era superior en línea directa del jefe de Policía, que debían contar con su aprobación para asumir el cargo, asegure desconocer los antecedentes del mismo (el gobernador y su equipo no pueden aducir inexperiencia, estuvieron cuatro años en el mismo puesto). Y lo peor, que los hechos salgan en los medios antes de ser controlados por mecanismos internos. Este es un momento duro para la ciudadanía que apoyó con su voto a esta administración y más duro para el referente nacional de la corriente política, que en las primarias ordenó a sus militantes apoyar a las actuales autoridades en la contienda electoral interna, con el dicho, de que "eran fundamentales para la continuidad del proceso" que lo lleva como líder. Lo que al ciudadano le debería importar ahora, es si alguien de la corporación política es el padre de la criatura, o como nos tienen acostumbrados será "guacho".

Julio R. Sánchez / DNI. 6.043.532