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El oficialismo le dio media sanción al nuevo Código Civil y Comercial

Proyecto polémico.  Pese al rechazo opositor, el kirchnerismo obtuvo los votos necesarios en el Senado. El presidente del bloque oficialista Miguel Angel Pichetto apoyó "por lealtad partidaria".

Viernes 29 de Noviembre de 2013

El oficialismo aprobó en soledad la reforma del Código Civil y Comercial en el Senado, pero dejó más en evidencia las diferencias que surgieron en sus propias filas por las modificaciones hechas al proyecto y pidió que la Cámara de Diputados le haga nuevos cambios.

El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo fue aprobado por 39 votos a favor y uno en contra -por parte de Agustín Pérez Alsina, del Partido Renovador de Salta-, ya que los bloques de la UCR, el Peronismo Federal y el FAP se retiraron del recinto minutos antes de la votación.

Durante el discurso de cierre, el presidente del bloque oficialista Miguel Angel Pichetto cuestionó la actitud de la oposición pero admitió su disconformidad con los cambios que se le hicieron al proyecto en las últimas semanas, muchos de ellos alineados con la postura de la Iglesia Católica.

"La verdad es que yo no lo comparto. Voy a funcionar, por supuesto, como siempre he funcionado —y además represento a la mayoría—, con un concepto de disciplina política", se sinceró Pichetto, al tiempo que pidió que "la Cámara de Diputados pueda retomar la senda de un camino que es el correcto" cuando le toque tratar el proyecto el año próximo.

El jefe del bloque del Frente para la Victoria reconoció que no lo "satisface" el cambio hecho al artículo 19, donde quedó establecido que "la existencia de la persona humana comienza con la concepción", una definición que chocaría con la puesta en práctica de las técnicas de reproducción asistida.

"Espero que en el ámbito de la Cámara de Diputados este debate pueda ser superado, porque este Congreso ha votado la ley de fertilización asistida, hemos diseñado leyes de inclusión para posibilitar que mujeres que no podían tener niños y que lo deseaban fuertemente como un acto de amor, de necesidad afectiva y porque querían un hijo, pudieran tenerlo", precisó.

En este sentido, subrayó que "mediante este mecanismo legislativo de la fertilización se brindó esa posibilidad" y remarcó que "entonces, esto tiene que estar en línea, tiene que haber un principio de concurrencia, de coherencia".

El discurso de Pichetto se contrapuso con la defensa del proyecto que realizó el miembro informante del oficialismo, Marcelo Fuentes, quien sostuvo que "esta reforma es el recupero del concepto de la libertad" y defendió especialmente la decisión de retirar del nuevo Código la responsabilidad del Estado.

"El derecho administrativo es un derecho público local, no se puede imponer una legislación común a los estados provinciales a través del Código Civil", afirmó Fuentes durante el discurso de apertura del debate.

El radical Ernesto Sanz, por su parte, sostuvo que con esa modificación "se rompió el concepto de la igualdad" porque "la reparación" para quien se vea afectado por una acción del Estado "no va a ser igual para el habitante de una provincia que de otra". Sanz también cuestionó "el otorgamiento de concesiones inaceptables a sectores sociales que el oficialismo venía cuestionando", en referencia a la Iglesia y la modificación hecha al artículo 19. También lamentó que se eliminara del artículo 241 el "derecho humano al agua" y advirtió: "Hoy con este código estamos abriendo la puerta a la judicialización".

"¿Por qué el acceso al agua es un tema que tenga que estar codificado?", inquirió el oficialista Aníbal Fernández, mientras que el radical Luis Naidenoff sostuvo que "con la eliminación de este derecho, los más perjudicados son los más marginales" y remarcó que en Formosa, su provincia, hay un déficit en esta materia.

Por su parte, la peronista federal Liliana Negre de Alonso defendió el artículo 19 —que la tuvo a ella como una de sus impulsoras— tras señalar que "el reclamo por el derecho a la vida fue el mayor reclamo estadístico que hubo" en las audiencias, aunque no votó el proyecto. Los puntos más conflictivos del debate fueron también el artículo que permite que las deudas estipuladas en moneda extranjera puedan cancelarse con moneda local, el derecho de las comunidades indígenas a las tierras y cuestiones vinculadas al derecho de familia

El socialista Rubén Giustiniani cuestionó que el oficialismo no haya querido introducir modificaciones al articulado de la norma y se refirió, entre otros temas, a que se haya quitado del Código "el derecho al acceso al agua potable como un derecho humano, en beneficio de las empresas mineras y detrimento de los ciudadanos".

Por su parte, el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá también criticó el apuro del oficialismo por aprobar en un "trámite express el nuevo Código Civil y Comercial" al sospechar de la existencia de un "toma y daca entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. ¿Qué apuro hay? ¿Por qué tenemos que tratar a libro cerrado y con fórceps el nuevo Código? Antes había que sancionar el Código antes del 7D. Después se suspendió. Ahora que salió la constitucionalidad de la ley de medios, apuramos el tratamiento", puntualizó Rodríguez Saá.

El proyecto que consta de más de 2.600 artículos e introduce cambios sustanciales que modificarán la vida de los argentinos, entrará en vigencia el 1 de enero de 2016 una vez que la Cámara de Diputados la sancione, presumiblemente, el próximo año. Entre otros puntos, la sanción del Senado establece que el comienzo de la existencia humana se produce en la concepción.

El gobierno envía una lista polémica de conjueces

El gobierno envió al Senado para su aprobación una lista de conjueces de la Cámara Federal de Casación Penal, donde se destacan los nombres de Eduardo Barcesat y de abogados que defendieron al vicepresidente Amado Boudou y a ex funcionarios como Felisa Miceli.
  La designación de los conjueces (suplentes que ocupan los cargos vacantes) deberá ser evaluada por la comisión de Acuerdos antes de llegar al recinto, aunque los tiempos parlamentarios indican que las designaciones deberían ser votadas el año próximo o en un eventual periodo de sesiones extraordinarias.
   En la lista enviada se destaca el nombre del constitucionalista Eduardo Barcesat, quien se desempeña como abogado de Madres de Plaza de Mayo.
   También aparece el nombre de Martín Magram, que fue abogado defensor de Boudou en 2010, en la causa que investigaba la posesión de un automóvil Honda Civic CRX Del Sol con papeles falsos, en la que el entonces ministro de Economía declaró ser una “víctima” de los gestores.
   Magram fue, además, el abogado defensor de Rodolfo Stefanon, el empleado del gobierno que denunció haber sido víctima de un asalto en el que le robaron el dinero destinado para la gira de la presidenta Cristina Kirchner por Medio Oriente. Otro de los nombres del listado es el de Alan Iud, abogado de Abuelas de Plaza de Mayo en la causa que investigó la identidad de los hijos de Ernestina Herrera de Noble, dueña del Grupo Clarín y  querellante en el juicio por  robo de bebés.
  También aparece Carlos Cruz, uno de los abogados que defendió a la ex ministra de Ecoomia Felisa Miceli en la causa por el hallazgo de un bolso con dinero en dólares y pesos en el baño de su oficina.

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