El polémico traslado de la hija de la presidenta puso sobre el tapete el también objetado llamado a licitación para el alquiler de dos helicópteros y ocho aviones para uso oficial.

El contrato, dado a conocer a principios de la semana y catalogado como "fletamiento de aeronaves para transporte de integrantes del poder Ejecutivo", tiene curiosas cláusulas de confidencialidad para los pilotos, quienes no podrán comentar alternativas de los vuelos.

La flota privada se usará para trasladar a la presidenta, a su familia, integrantes del gabinete y a personalidades nacionales y extranjeras dentro y fuera del territorio nacional.

La licitación se da luego de la polémica generada por la utilización, desde mayo pasado, de una flotilla paralela a los aviones Tango, cuyos vuelos se financian con dinero del Estado, compuesta por un Challenger 600, matrícula LV-BYG, de un valor cercano a los 10 millones de dólares, que "duerme" en el aeropuerto de San Fernando y un Lear Jet 35 (LV-BXU) de 2,5 millones de dólares.

Cada uno de esos alquileres cuesta entre 3.500 y 4.000 dólares, es decir que cubrir la distancia entre Buenos Aires hasta Río Gallegos cuesta unos 10.000 dólares.