El ministro de Justicia y Derechos Humanos nacional, Germán Garavano, defendió ayer el protocolo que restringe la protesta social. Y, frente a las críticas recibidas en los últimos días, embistió contra el kirchnerismo al enfatizar que "se cansó de reprimir".
En función de los incesantes reproches que el proyecto recibió por parte de sectores opositores y de los organismos de defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, que entienden que el llamado protocolo antipiquetes podría estar reñido con las garantías constitucionales, el funcionario contestó que "hay que esperar a ver cómo funciona antes de elaborar críticas en abstracto".
"No veo cuestiones anticonstitucionales ni válidas las críticas", afirmó Garavano, en tanto que alegó que en el texto del proyecto, lanzado la semana pasada por el Ministerio de Seguridad nacional, que conduce Patricia Bullrich, se estipula la prohibición de uso de armas de fuego en la primera línea de contacto con los manifestantes.
A su vez, Garavano recordó que "el gobierno anterior se cansó de reprimir" y citó como ejemplo las "imágenes de Gendarmería en la Panamericana", en referencia directa a los incidentes registrados en julio de 2015, tras la ejecución de la orden de desalojo de los trabajadores de la línea 60 que mantenían cortada esa traza.
Tras reiterar que no encuentra "cuestiones inconstitucionales" en la normativa, el funcionario sentenció: "Yo sería más prudente y esperaría ver cómo funciona este nuevo instrumento y recién ahí abrir las críticas".
"Me parece que ese es el secreto, que hay que esperar, porque a veces hacemos críticas desde la teoría y nos quedamos sólo con eso", subrayó Garavano.
De inmediato, señaló como "un avance que gran parte de las provincias se hayan puesto de acuerdo con la Nación en este instrumento". Aludió, de ese modo, al hecho de que el reglamento fuera aprobado en el marco de una sesión del Consejo de Seguridad Interior (CSI) y recibiera el acompañamiento de la mayoría de los Estados provinciales.
Si embargo, el ministro de Seguridad santafesino, Maximiliano Pullaro, no ocultó el jueves pasado sus reparos frente al protocolo antipiquetes. "Coincidimos, en términos generales, en que no es posible obstruir una arteria o una ruta, pero discrepamos con que si en cinco minutos no la desalojan se manda a la fuerza de seguridad", alertó.
En esa línea, el funcionario de Miguel Lifschitz afirmó: "Bajo ningún concepto queremos criminalizar la protesta y bajo ningún concepto queremos utilizar la fuerza".
"Siempre decimos que usar la fuerza es el último, pero el último recurso", resaltó Pullaro, para luego aclarar que "esa resolución dice claramente que cada una de las provincias tendrán un protocolo de actuación".
De hecho, el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) expresó "preocupación y rechazo" frente al denominado "protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas", al tiempo que lo consideró "una llave para la represión de la protesta social, que además tendrá a los periodistas lejos del lugar donde se producen los hechos, con la pretensión de que no puedan mostrarlos".
Por lo pronto, el Ministerio de Seguridad difundió la creación de una unidad ejecutora del protocolo. En ese sentido, hoy, a las 18, se reunirá "para dialogar y analizar el recorrido que realizarán la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y las demás organizaciones sociales involucradas" en la movilización convocada para el miércoles próximo (ver página 18).
Sólo cinco. En otro orden, Garavano anunció que, una vez que se logren aprobar los pliegos Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz para cubrir las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, intentarán sostener el número de cinco miembros, por lo que descartó -en principio- una composición más numerosa del máximo tribunal.
"Vamos a tratar de que funcione con cinco miembros. Después se verá. Es lo que tenemos que lograr", dijo el ministro.
Al respecto, enfatizó que, de cumplir con ese objetivo, el actual gobierno se anotaría un logro dado que el kirchnerismo no pudo en sus últimos dos años "completar los cinco miembros de la Corte Suprema teniendo mayoría en el Senado".
Luego, Garavano afirmó que el Ejecutivo impulsará "una reforma de la Justicia a partir de avances del gobierno anterior" con el objetivo de "acercarla a la gente", por lo que aclaró que la Casa Rosada no necesita "operadores".
Derechos humanos, una cuestión de Estado
Sobre los juicios de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, el ministro de Justicia nacional, Germán Garavano, recordó ayer que el gobierno ya reiteró que la política de derechos humanos es una cuestión de Estado, al señalar que "en esto no habrá grandes cambios, aunque sí algunos ajustes".
"Lo que vislumbro es una continuidad de un trabajo en el que todos los argentinos estamos de acuerdo, que es necesario seguir avanzando", evaluó el funcionario. Al respecto, Garavano agregó: "Lo más valioso es que en el gobierno queremos que esta mirada sobre los derechos humanos se proyecte en el futuro".
"Hay un montón de acciones, a partir de la buena experiencia del pueblo argentino en materia de derechos humanos, que nos pueden permitir proyectarnos hacia el futuro y hacia una sociedad con menos conflictos", completó el funcionario nacional.
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