Habrá que esperar hasta el lunes a las 8.30 para conocer si la muerte de Gerardo "Pichón" Escobar será investigada por la Justicia Federal como un caso de desaparición forzada de persona, o si por el contrario la causa continúa en el fuero provincial como un homicidio. Ayer a la mañana, durante casi cuatro horas, la camarista Georgina Depetris escuchó los argumentos de apelación que los defensores de los cinco detenidos presentaron ante la resolución adoptada por el juez Luis María Caterina el 11 de diciembre pasado. En aquel dictamen, el magistrado siguió los criterios de la querella y la Fiscalía y aceptó el cambio de calificación de homicidio y encubrimiento agravado por el de desaparición forzada de persona, un delito que al suponer la participación del Estado (en este caso a través de la policía) debe ser instruido por la Justicia federal.
Al considerar que hay indicios de una posible participación policial en la muerte de Escobar, el juez Caterina decidió apartarse de la causa. Y así dio crédito a las evidencias expuestas por los fiscales Marisol Fabbro y Rafael Coria, y el abogado querellante Gustavo Vera, quienes sostienen que Pichón fue golpeado salvajemente por un patovica al salir del bar La Tienda, ubicado en Tucumán 1149, la madrugada del 14 de agosto. Y que tras ello, con ayuda de policías y personal del bar, lo habrían privado de la libertad y ocultado hasta que fue hallado muerto una semana después en el río Paraná. Para eso habrían utilizado al menos un patrullero de la comisaría 3ª, adonde habrían ingresado a Escobar sin registrarlo en el libro de guardia. En ese marco, la hipótesis de la querella se basa en que un patrullero levantó a Escobar en Sarmiento y Catamarca, donde llegó tras ser golpeado por patovicas de La Tienda, siete días antes de que el cuerpo fuera hallado en el río.
Argumentos cuestionados. En la audiencia de ayer en el banquillo de los acusados se sentaron Luis Alberto N., efectivo del Comando Radioeléctrico que cumplía un adicional legal en el boliche y es representado por los abogados Luis Tomasevich y José Luis Giacometti; Maximiliano A., policía con licencia médica desde hace un año que es asistido por Marcelo Piercecchi; los patovicas José Luis C. y César A., representados por el abogado Ignacio Carbone; y el patovica Cristian V., quien está acusado de homicidio y es tutelado por Leopoldo Monteil.
Por la fiscalía estuvieron Adrián Spelta y Miguel Moreno, y por la querella Salvador Vera acompañado por Nicolás Vallet y Luciana Escobar, hermana de Pichón.
Fue el defendor Carbone quien rompió el hielo al cuestionar la resolución del juez Caterina y los nuevos elementos incorporados por la Fiscalía y la querella en diciembre. "La nueva evidencia no era tal", dijo, y comenzó a atacar la hipótesis que podría terminar con el caso en el fuero federal. Entonces cuestionó los movimientos de los cuatro patrulleros de la comisaría 3ª; la sospecha de que Pichón fuera ingresado en la seccional de Dorrego al 100 a partir del relato de un detenido que escuchó gritos; la falta de registro en el libro de guardia; la supuesta connivencia de vecinos, policías y propietarios del bar La Tienda; y el testimonio de una pareja que indicó que en 2012 padecieron maltrato en el bar y terminaron en la 3ª.
"Nada acredita la hipótesis de la desaparición forzada. No se encuentran acreditados los elementos necesarios para la configuración de ese delito. No hubo privación ilegítima de la libertad", agregó Carbone. En el mismo sentido, con agregados mínimos, se encolumnaron los abogados Monteil y Piercecchi. "Mediáticamente se ha instalado que para resolver el caso Escobar hay que recurrir al fuero federal. Con cinco personas detenidas hace seis meses se quiere forzar una situación", explicó Piercecchi.
A su turno, Giacometti le sumó a la estrategia de apelación su conocimiento de la policía provincial como ex subjefe de la UR II. "Esa noche en la comisaría 3ª había tres empleados para manejar cuatro patrulleros", indicó. Y la defensa del policía Luis Alberto N. dijo que "se siguió sólo una vía de investigación y nada más".
La intensidad del debate llevó varias veces a la camarista Depetris a parar la pelota y ordenar el juego: "Esta es una audiencia argumentativa, no un juicio", dijo la funcionaria.
Autopsia observada. Luego fue el turno de los fiscales, quienes se ciñeron a lo dicho en la audiencia de diciembre, cuando sostuvieron los elementos para configurar la causa como una desaparición forzada de persona.
Así llegó el tiempo del querellante Vera, quien no se movió un milímetro de los argumentos que plantea desde que el cuerpo de Pichón apareció flotando en el río. Si bien se mostró en sintonía con los fiscales, cuestionó aspectos de la autopsia (realizada por cinco profesionales) a partir de detalles de su perito de parte. Habló de golpes en los testículos de la víctima y para enhebrar la hipótesis de que fue brutalmente golpeado comentó: "Se extrajo el cráneo de Pichón para que el cuerpo forense de la Corte Suprema de la Nación lo examine. Una medida que todavía no se realizó". Y a partir de ahí, en paralelo a su línea argumentativa, comentó varias medidas que solicitó y que aún no se cumplimentaron, como el pedido de filmaciones de cámaras de videovigilancia ubicadas en Sarmiento al 300 y en las inmediaciones de Tucumán y Sarmiento. Y el peritaje por parte del FBI del celular de Pichón. "Es grave que se hayan solicitado medidas que no se cumplimentaron", explicó.
También habló de una "organización mixta" de seguridad "extendida" que prestaba servicios en las inmediaciones del boliche para que los vecinos se sintieran tranquilos. Y de al menos dos testimonios, uno de identidad reservada, que indicaba como una "mecánica usual" que los patovicas de La Tienda golpearan a personas que "molestaran" y que terminaban la noche en la seccional de Dorrego al 100. Para cerrar, el representante de la querella pidió que se tuviera presente el fallo la Corte Interamericana de Derechos Humanos "Gelman vs. Uruguay", del 24 de marzo de 2011, en el que la CIDH condenó al Estado uruguayo por la desaparición de María Claudia García y la supresión de la identidad de su hija, Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman, y lo obligó a iniciar una investigación y sancionar las desapariciones forzadas. El lunes será el día D.
