El juez federal Claudio Bonadío aceptó ayer al gobierno nacional como "parte querellante" en la causa penal que investiga la tragedia ferroviaria de la estación de Once.

A partir de ahora el gobierno podrá sugerir medidas de prueba y accederá al expediente, en el que eventualmente podría ser imputado algún funcionario nacional.

El juez también estableció que la constitución como querellante del gobierno "no es óbice para determinar y perseguir eventuales responsabilidades penales de sus funcionarios, que son personas físicas".

Por último, Bonadío rechazó a Eduardo Lucio Frigerio como perito de parte, propuesto por el abogado querellante Gregorio Dalbón, por "falta de idoneidad en la especialidad" ferroviaria ya que es licenciado en criminalística.

Con iguales argumentos, el juez tampoco aceptó al otro perito, cuyo nombre no trascendió, que había propuesto Dalbón como "experto en ferrocarriles".

Por otra parte, también ayer se precisó que la primera pericia sobre el sistema de frenos realizada en los últimos cuatro vagones de la formación de la línea Sarmiento siniestrada el 22 de febrero pasado reveló que estos funcionaban en forma correcta. "La pericia no es definitiva porque tuvo que interrumpirse y recién será concluida el lunes próximo, pero tiene un valor indiciario", dijeron fuentes allegadas a Bonadío.