El jefe de la policía santafesina, comisario mayor Juan Luis Hek, estuvo ayer en los tribunales rosarinos y se puso a disposición del juez que investiga la denuncia por corrupción hecha hace una semana por un oficial de la fuerza pasado a disponibilidad. Junto a Hek estuvo el titular de la Unidad Regional II, comisario Osvaldo Toledo, en cuyo ámbito se centra la denuncia.

Minutos antes de ese encuentro, ambos jefes se reunieron con el ministro de Seguridad, Daniel Cuenca, en la sede local de la gobernación. Pero ese cónclave fue calificado como "algo común y de rutina" por parte de un vocero del funcionario.

En concreto, lo que Hek y Toledo fueron a decirle al juez de Instrucción número 13, Osvaldo Barbero, es que "la plana mayor de la fuerza está a su disposición para lo que requiera, desde el jefe de la Unidad Regional II hasta el último de los involucrados en la denuncia" presentada por el oficial Juan José Raffo.

La denuncia. El martes 24 de febrero, Raffo, quien había sido pasado a disponibilidad por las autoridades de la Unidad Regional II, denunció en la División Judiciales de la Jefatura cómo se maneja la recaudación ilegal en la policía rosarina. Lo hizo con numerosos detalles además de los nombres y apellidos de quiénes son algunos de los que aportan a la caja negra y quiénes y cuánto cobran. Su presentación durmió en los cajones hasta el domingo pasado cuando la misma salió a la luz por diversos medios de comunicación de la ciudad.

Entonces se sucedieron las reacciones. La más violenta fue la que se tradujo en tres balazos disparados la madrugada del lunes contra la casa del propio Raffo, ubicada a pocos metros de la Jefatura, y la intimidación que sufrió su esposa cuando conducía un auto por la avenida de Circunvalación y otro vehículo (negro, con vidrios polarizados y sin patente) la encerró y la obligó a terminar en la banquina. Por esos hechos, el denunciante presentó un hábeas corpus en la Justicia y ahora tiene custodia de la Tropa de Operaciones Especiales.

En tanto, desde el gobierno provincial, el secretario de Seguridad, Carlos Iparraguirre, cuestionó la denuncia al afirmar: "Hay que ver cuánto de arrepentido y cuánto de extorsionador tiene Raffo". Mientras que el gobernador Hermes Binner y su ministro Cuenca coincidieron en afirmar que "para adoptar decisiones se va a esperar el avance de las investigaciones" tanto en la Justicia como en la Dirección de Asuntos Internos de la policía.

Colaboración. Ayer, el comisario mayor Hek evaluó la reunión con el juez Barbero como "positiva" y dijo a La Capital que "se va a colaborar con todo lo que sea necesario para que el magistrado y Asuntos Internos sigan esta investigación hasta las últimas consecuencias. Y si se descubre que los acusados han incurrido en algún delito, serán castigados".

"Nosotros hemos recibido lineamientos muy claros de parte del gobierno de la provincia y no vamos a permitir ningún hecho que empañe a la policía", afirmó el jefe santafesino. Y confesó que con el juez Barbero "se habló muy a fondo sobre la denuncia hecha por Raffo y le solicitamos que, dentro de sus posibilidades, actúe con la mayor celeridad posible, que es lo mismo que se le requirió a la Dirección de Asuntos Internos para que esto no quede como una denuncia más de aquellas que rápidamente pasan al olvido".

"Lo que tiene que quedar en claro —conluyó Hek— es que la policía es la principal interesada en que esto se aclare y darle la seguridad a la ciudadanía que si dentro de la fuerza hay hombres que han delinquido serán separados de sus funciones apenas la Justicia lo compruebe".