El Grupo Clarín presentó ante la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) un pedido de recusación contra su titular, Martín Sabbatella, por presunta “enemistad manifiesta”, aunque el funcionario aseguró que se trata de “una nueva maniobra para dilatar la aplicación integral” de la ley de medios.
La presentación firmada por la abogada María de los Milagros Paéz y tiene como fin que Sabbatella no intervenga en la toma de decisiones en el expediente referido al proceso de adecuación del Grupo Clarín a la ley de medios audiovisuales. El escrito argumenta una supuesta falta de “imparcialidad” y la “enemistad manifiesta” de Sabbatella hacia el multimedio, pero además se basa en la denuncia penal que los abogados de Clarín presentaron en noviembre contra el funcionario por supuesta incitación a la “violencia colectiva” y “coacción agravada”, basándose en declaraciones del funcionario contra el Grupo.
El planteo será ahora rechazado por la Afsca luego de hacer su descargo, aunque en el organismo vinculaban la jugada del multimedio con la intención de llevar al funcionario a la Justicia e inhabilitarlo en el cargo. “Se trata de una nueva maniobra de Clarín en su plan para ganar tiempo y dilatar la aplicación integral de la ley. No es el primero y sabemos que tampoco será el último artilugio presentado. Porque, como lo hemos dicho muchas veces, el Grupo Clarín sabe que la ley es constitucional y que más tarde o más temprano se va a aplicar, pero buscan las mil y una artimañas para demorar su cumplimiento”, afirmó Sabbatella luego de conocer el pedido de recusación.
En este sentido, dijo que “algunos todavía se resisten a entender que en la Argentina se terminaron las situaciones de privilegio, que las leyes son iguales para todos” y remarcó que “aquellos que se niegan a cumplirlas son los que deberían explicarle a toda la sociedad por qué pretenden que la ley sea una para todos y otra para ellos”.
“Es absurdo que intenten recusarnos porque queremos que cumplan con la ley todos los grupos empresarios, sin excepciones ni privilegios”, opinó Sabbatella y agregó que seguirá trabajando “en el mismo camino”, porque es su deber “hacer cumplir” la ley y porque “ese es el mandato de la presidenta”. Poco antes, el titular del Afsca se había referido al avance de la causa por la ley de medios y asegurado que el gobierno “no tiene expectativas” de que la Cámara Civil y Comercial Federal ratifique la constitucionalidad, ya que “es un tribunal que viene actuando a favor de Clarín y su estrategia dilatoria”.
“Adelantar el tratamiento del expediente de la ley de medios es lo que corresponde. Esperamos que no haya otras medidas dilatorias porque es urgente que la Cámara se expida y el trámite judicial pueda seguir su curso”, sostuvo Sabbatella. El funcionario ratificó que “la ley es constitucional”, pero sostuvo que no tiene “expectativas” de que la Cámara “ratifique el fallo del juez (Horacio) Alfonso”, que confirmó la constitucionalidad de los dos artículos cuestionados por Clarín.
“Pero por lo menos esperamos que no retrase más su definición. Si reafirma, como debería hacerlo, que es constitucional tanto mejor. Si no apelaremos ante la Corte Suprema”, apuntó en un comunicado. Este viernes a última hora, la Cámara aceptó el pedido del gobierno y habilitó la feria judicial para tratar la apelación del Grupo Clarín contra el fallo de primera instancia que declaró la constitucionalidad de los dos artículos clave de la ley de medios audiovisuales. Al habilitarse la feria, la apelación de Clarín comenzaría a tratarse mañana, acortándose los tiempos unas tres semanas, aunque en el gobierno desconfían de la actitud de la Cámara y especulan con una eventual dilación mediante otras maniobras procesales como la apertura de la etapa probatoria.
En este contexto, Sabbatella consideró “probable” que los camaristas hayan habilitado la feria para “compensar una decisión contraria a los intereses del pueblo y de la patria, como es la de otorgarle la cautelar a la Sociedad Rural” y frenar así el traspaso del predio de Palermo a la órbita estatal. “Se ve que es un tribunal muy afín a darle protección a sectores poderosos”, concluyó el ex intendente de Morón.