"Cerca de cincuenta manifestantes acampan frente a la residencia del gobernador de Río"¿Los servicios británicos vigilan con más ahínco que sus colegas estadounidenses? Esta acusación de Edward Snowden, conocido por haber destapado el escándalo de los programas de vigilancia en las redes de Estados Unidos, sorprendentemente fue recibida con bastante frialdad entre políticos y medios en Londres. La información que publicó el diario The Guardian el viernes ha causado poca conmoción, a excepción de los activistas de la red y las organizaciones de derechos humanos.
Casi pareciera que entre los columnistas de todas las tendencias políticas existe una suerte de coincidencia al afirmar que las fuertes medidas de seguridad en tiempos difíciles pueden ser adecuadas. Los servicios secretos, con su actuación, pudieron desmantelar varias células terroristas en Londres y Luton antes de que éstas lograsen poner en marcha sus planes de atacar, según se escuchaba en la televisión Sky.
La agencia de vigilancia británica GCHQ (Government Communications Headquarters) es “peor que la de Estados Unidos”, sostuvo Snowden, un especialista en redes que hasta hace poco trabajaba a través de una subcontratista para el servicio secreto Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos.
En el marco de la ley. En Londres también se está imponiendo la demanda de nuevas leyes a raíz del intercambio de datos. El gobierno británico rechazó la semana pasada acusaciones de que se había hecho uso de informaciones del servicio secreto estadounidense NSA. Oficialmente, ha actuado en el marco de la ley.
Hasta la fecha, fuera de Reino Unido sólo los expertos conocían la GCHQ que, a raíz de la información surgida, señala que se maneja “sin compromiso” con la normativa jurídica. Incluso el diario The Guardian indica en sus páginas que así debe ser y se pregunta a su vez si es que la GCHQ no está interpretando con demasiada holgura la normativa al permitir una acumulación de datos de tamaña dimensión.
El canciller William Hage se remitió hace unos días durante su comparecencia parlamentaria sobre todo a la denominada Regulation of Investigatory Powers Act (Ripa). De acuerdo con esta disposición, los datos sólo se pueden revisar con la aprobación de las más altas instancias. El contenido de una conversación telefónica sólo puede ser considerado si Hague personalmente da la autorización.
Los defensores de la privacidad de los datos en las redes subrayan sin embargo que esta ley data del año 2000, cuando nadie alcanzaba a imaginar la dimensión de los intercambios de datos a nivel mundial ni qué nuevas técnicas los servicios secretos emplearían para recabar datos. Si la GCHQ, en el marco de una impresionante acción de recogida de datos, realmente supervisa la comunicación de un gran número de personas inocentes, me pregunto en qué tipo de orden encaja que para cada una de las escuchas haya una justificación individual”, apunta Nick Pickles de la organización Big Brother Watch.
Banco de datos. “Parece que nos acercamos peligrosamente a un banco de datos central de todos nuestros registros de comunicación en internet, en parte incluso de sus contenidos. Hasta la fecha todos los gobiernos lo han negado y el Parlamento no había aprobado ley ninguna al respecto, pero el tema tiene que ser debatido urgentemente en el Parlamento”, agregó.
Shami Chakrabarti de la organización de derechos humanos Liberty acusa a la GCHQ de haberse permitido una “muy amplia interpretación de la ley”. “Es triste que esto suceda en democracia, que el servicio secreto retenga todo lo que pueda con sus medios físicos y técnicos y que no se haya planteado cuestiones éticas o haya realizado una interpretación más estricta de las leyes”, dijo.