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El gobierno y Clarín argumentaron ante la Cámara sus apelaciones

La Afsca dijo que el multimedio es el único que no presentó un plan de adecuación a la normativa aprobada hace más de tres años. Para el Ejecutivo, el holding no es afectado.

Miércoles 23 de Enero de 2013

El gobierno y el grupo Clarín presentaron ayer sus respectivos argumentos ante la Cámara en lo Civil y Comercial Federal luego de la apelación del multimedio al fallo de primera instancia del juez Horacio Alfonso, que avaló la constitucionalidad de los artículos que habían sido cuestionados de la ley de servicios de comunicación audiovisual.

El gobierno nacional cuestionó la legitimación del grupo Clarín para intervenir en la causa, al presentar los fundamentos del trámite de apelación ante la Cámara, algo que también hizo el holding empresario para intentar revertir el fallo de primera instancia que avaló la aplicación de la norma.

Ambos escritos fueron presentados ayer, día en que se vencían los plazos para que las partes amplíen sus fundamentos, acorde con la habilitación de la feria judicial exigida por el Poder Ejecutivo para acelerar la causa por la aplicación de los artículos 45 y 161 de la ley de medios.

En su presentación, desde el gobierno la Jefatura de Gabinete y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) cuestionaron la "legitimidad" del grupo Clarín para intervenir en la causa. Advirtieron, en ese sentido, que buena parte de las licencias que posee el multimedio están a nombre de otras sociedades, por lo que no sufriría "agravios" directos con la aplicación plena de la ley, señalaron fuentes judiciales.

Según los fundamentos del gobierno nacional, el grupo Clarín carecería de "legitimidad" para ser parte en la causa y por ende apelar lo resuelto por Alfonso, debido a que no tiene la titularidad de las licencias en disputa por lo cual se trataría de un "monopolio de hecho, pero no de derecho", explicaron fuentes del caso.

El grupo Clarín, en tanto, alegó cierta "arbitrariedad" en el fallo del juez Alfonso porque "ignoró" pruebas presentadas por la empresa, como tres pericias que habrían demostrado —según el holding empresario— el perjuicio económico que genera la aplicación de los artículos, actualmente suspendidos.

"El juez pretende relativizar la estabilidad y la titularidad de las licencias de medios audiovisuales confundiéndolas con las concesiones de servicios públicos y sosteniendo una precariedad y revocabilidad de las mismas que contradice toda la jurisprudencia y doctrina aplicable, más aún por tratarse de vehículos para el ejercicio de la libertad de expresión", indicó el multimedio.

Los próximos pasos. A partir de ahora, la Cámara correrá traslado de los fundamentos a las partes para que respondan en un plazo de diez días hábiles, y recién entonces quedará en condiciones de resolver si ratifica o no el fallo de primera instancia, cuando ya se reanude en febrero la actividad tribunalicia normal.

Mientras tanto, la aplicación de la ley sigue en suspenso pese al fallo de primera instancia, ya que en diciembre pasado la Corte Suprema de Justicia avaló la prórroga de la medida cautelar que mantiene inaplicable la norma para el Grupo Clarín hasta tanto haya pronunciamiento de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial Federal.

Esta sala está integrada por camaristas que fueron cuestionados por el gobierno, no sólo por su actuación en la causa por la ley de medios, sino también por aceptar la medida cautelar impuesta por la Sociedad Rural para frenar la reestatización del predio.

A mediados de diciembre pasado, y siete días después del 7D, la fecha que había marcado la Corte Suprema como límite para la medida cautelar que mantenía frenada la ley para los grupos multimedios que debían comenzar a desprenderse de licencias que excedieran lo permitido, Alfonso consideró que la norma era constitucional y que los límites a la tenencia de licencias de radiodifusión no implicaban un atentado contra la libertad de expresión.

El 14 de diciembre pasado Alfonso falló en favor de la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 y argumentó, entre otros puntos, que "no se advierte la existencia de un interés superior que autorice a prohibir lisa y llanamente que el sistema de licencias múltiples de radiodifusión sea objeto de un nuevo tratamiento, regulación y distribución".

Alfonso advirtió que pasaron "más de tres años desde el dictado de la norma", y evaluó que si en todo caso hubiese un perjuicio patrimonial debería "ser objeto del pertinente reclamo indemnizatorio en su oportunidad", al descartar cualquier otro tipo de afectación al derecho del grupo.

Una vez que la Cámara se expida sobre la cuestión de fondo, el último recurso para los apelantes será la Corte Suprema de Justicia de la Nación y mientras tanto seguirá vigente la medida cautelar que impide aplicar los artículos para con el grupo Clarín.

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