El gobierno uruguayo prohibió el uso de un robot quirúrgico (sistema quirúrgico Da Vinci, en rigor) en una institución privada de asistencia médica, lo que provocó una polémica sobre las nuevas tecnologías y los límites entre los público y lo privado en ese país.

El presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Luis Gallo, explicó ayer que la importación se hizo sin autorización y que el país no está preparado para esta tecnología. "Estamos hablando de que este aparato cuesta aproximadamente un millón de dólares y el mantenimiento alrededor de 150.000 dólares por año. Sin un estudio económico financiero y sin un sistema de complementación institucional, no nos parece que una institución pueda traerlo", dijo Gallo.

Gallo criticó el hecho de que cualquier institución de medicina privada pueda importar lo que quiera "para hacer dinero", porque el gobierno tiene la obligación de velar por la salud de toda la población y de esa manera organizar los servicios de asistencia.